La reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador reabre la puerta a las expropiaciones arbitrarias y ensombrece el clima para la inversión en México, advirtió Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.
“En momentos como el actual, cuando se requiere de la inversión para crear empleos y reactivar la economía, el presidente López Obrador y su grupo mayoritario atentan contra los principios de legalidad, seguridad jurídica, y competencia económica”, acusó.
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En vísperas de la discusión y votación del proyecto de ley en el Palacio de San Lázaro, el líder parlamentario de Acción Nacional calificó la iniciativa presidencial como una seria amenaza con la clara intención de decretar expropiaciones en el sector petrolero, pues la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrían suspender los permisos en caso de “peligro inminente” para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
Romero Hicks sostuvo que esa disposición dará lugar a la presentación de amparos ante las instancias judiciales, como ocurrió con la reforma eléctrica suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Definitivamente no estamos de acuerdo y nunca vamos a validar que se pongan en riesgo los capitales legalmente invertidos y administrados por las empresas; en alterar la seguridad jurídica que cualquier negocio necesita; no vamos a aceptar que se viole una vez más la Constitución General de la República, ni los compromisos internacionales adquiridos por México”, subrayó.
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Según dijo, la reforma propuesta utiliza el combate al comercio ilegal de combustibles como pretexto burdo para esconder la verdadera intención de expropiación directa en este sector.
El legislador sostuvo que su bancada está a favor de las buenas prácticas en la venta, cantidad, calidad, legalidad, transparencia y distribución de los hidrocarburos, además de apoyar que se castiguen los abusos contra los consumidores, pero dejó claro que no acompañará la “falsa oferta” de combatir la corrupción con simulaciones que afectan a las familias mexicanas y al sector productivo nacional.
LG