Diputados del PAN piden alto a las presiones contra jueces por reforma eléctrica

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, acusó que es inaceptable el amago al juez que concedió suspensión provisional contra la Ley de la Industria Eléctrica.

La reforma eléctrica fue aprobada casi sin cambios en el Congreso. (Especial)

Fernando Damián

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador un alto a las presiones contra los jueces que han concedido suspensiones para evitar la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica.

Calificó de inaceptable el amago del mandatario al juez Juan Pablo Gómez Fierro, al solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, investigar al juzgador.

“Exigimos al presidente López Obrador deje actuar con libertad a la justicia. No aceptaremos presiones contra la división de poderes, fundamento de nuestra república”, puntualizó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista en el Palacio de San Lázaro.

Sostuvo que la reforma eléctrica propuesta por el Presidente y aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso es violatoria del artículo 28 constitucional, como lo confirman las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial

“Este es un engendro de la cuarta trastornación que siguió al pie de la letra la petición presidencial de no cambiar ni una coma, aun cuando, de acuerdo con el grupo parlamentario del PAN, había que cambiarle muchas, ponerle punto y seguido, punto y aparte y mejores contenidos”, señaló.

Romero Hicks subrayó que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica terminarán litigándose en la Corte porque pasan por encima de la Constitución. Indicó que la cuestionada reforma solo va a generar incertidumbre jurídica, pues su contenido es un refrito de los acuerdos de la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que la Corte declaró ya inconstitucionales.

El legislador dijo que su bancada advirtió en su momento que con la reforma eléctrica se pretendía regresar al monopolio estatal, haciendo a un lado a los competidores y vulnerando la libre competencia.

Lo anterior va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución sobre el derecho a la salud, el medio ambiente y respecto a que la generación de energía eléctrica y su compraventa, junto con su comercialización, son actividades abiertas a la libre competencia y a la libre concurrencia.

icc

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