El proceso de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco puede prolongarse hasta 26 años, afirmó Agustín Caso, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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El funcionario fue quien determinó que el costo por la cancelación del proyecto superaría los 331 mil millones de pesos, es decir, tres veces más que los 100 mil millones calculados en principio por el gobierno federal.
Eso dio lugar a descalificaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y a que Caso quedara suspendido temporalmente, luego de que la ASF reconoció inconsistencias en el cálculo y abrió una investigación.
Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Caso subrayó que no es “pertinente” en este momento dar una cifra nueva o definitiva.
Negó que el informe de fiscalización sobre el NAIM entrañe un ataque a la investidura presidencial y rechazó la existencia de dolo o motivaciones políticas en la cuantificación del costo por la cancelación.
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El auditor especial sostuvo que la variación de las estimaciones al respecto “no significa que en automático exista ilegalidad, ni mucho menos acusación de corrupción”.
Defendió la metodología y sostuvo que el cálculo de la ASF derivó de la información proporcionada por las propias autoridades al cierre de 2019: 163 mil 540 millones de pesos erogados hasta 2019 y 168 mil 455 millones más de costos adicionales.
Además, precisó que las estimaciones de la auditoría consideraron costos financieros, económicos y de oportunidad, pues con la cancelación de un proyecto como el NAIM, la sociedad deja de tener recursos para desarrollar proyecto alterno, es decir, no se pueden reasignar.
Agustín Caso remarcó que las recomendaciones emitidas por la Auditoría Especial de Desempeño carecen de ánimo punitivo y apuntan a una mejor calidad de gasto.
UIF, IMPOSIBILITADA
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no podía presentar ante la Cámara de Diputados ninguna prueba contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hasta que éste respondiera formalmente a la notificación de desafuero que le fue enviada o de lo contrario caería en una violación al debido proceso.
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MILENIO confirmó que Santiago Nieto, titular de la UIF, solicitó primero que la reunión no se hiciera pública y después posponer la exposición de la indagatoria, al verificar que hasta este momento el gobernador no ha dado respuesta formal a la Cámara sobre la notificación que se le envió sobre la petición de la FGR para desaforarlo.
Sin este requisito inicial de derecho de audiencia, la UIF estaría violando el debido proceso.
Y ADEMÁS
MAGISTRADOS DEJAN SOLO A JOSÉ VARGAS
Los magistrados del Tribunal Electoral se deslindaron de los señalamientos realizados por su presidente, José Luis Vargas Valdez, y manifestaron su confianza al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que encabeza el ministro Arturo Zaldívar. En dos cartas, los magistrados exhibieron a Vargas Valdez porque de manera unilateral utilizó el nombre de los integrantes del TEPJF para su beneficio y confrontar al CJF.
Con información de: Jannet López Ponce.