La Cámara de Diputados iniciará este 1 de septiembre su nuevo periodo ordinario de sesiones marcado, una vez más, por la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como prioridades del Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria Morena-PVEM-PT, la reforma constitucional en materia electoral, el traslado del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y el paquete económico 2023 concentrarán la discusión en el Palacio de San Lázaro durante los próximos meses.
Asimismo están pendientes de dictaminar en la Cámara de Diputados otras tres iniciativas del Presidente de la República:
Ley de los Husos Horarios, para eliminar el horario de verano; Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, para inhibir las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para centralizar en la Secretaría de la Función Pública la coordinación administrativa y las compras del sector público.
Adicionalmente se prevé desahogar el proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía de Campeche contra el legislador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por presunto enriquecimiento ilícito.
Moratoria constitucional
Con 198 de los 500 diputados federales, la coalición opositora “Va por México” integrada por PAN (114), PRI (69) y PRD (15) mantiene vigente su moratoria constitucional para impedir la aprobación de cualquier modificación a la Carta Magna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es el caso de la reforma electoral.
Las modificaciones a la Constitución Política requieren para su aprobación una mayoría calificada de dos terceras partes equivalentes a 334 de 500 votos en el Palacio de San Lázaro.
Las bancadas de Morena, con 201 diputados; del PVEM, con 40, y del PT, con 36, suman 277 votos, es decir, 57 menos que el mínimo necesario para avalar las reformas constitucionales.
No obstante, el bloque lopezobradorista tiene sobradamente los votos para aprobar cualquier legislación secundaria e incluso el paquete económico para el próximo año, particularmente el Presupuesto de Egresos con la asignación de recursos para los megaproyectos y programas sociales del Presidente de la República.
El Ejecutivo presentará ante la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, instrumentos que para los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022 han sido aprobados solo por las bancadas oficialistas, en tanto la oposición en su conjunto ha votado en contra.
Reforma electoral
Entre las iniciativas presidenciales pendientes en la Cámara de Diputados destaca la reforma constitucional en materia electoral, que entre otros aspectos prevé la sustitución del Instituto Nacional Electoral con un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cuyos siete consejeros serían electos por voto popular.
Considera igualmente reducir de 500 a 300 el número de diputados federales y de 128 a 96 el de senadores, desapareciendo los distritos electorales y estableciendo un sistema de elección por listas en cada entidad.
Tras las deliberaciones en los foros del parlamento abierto en el Palacio de San Lázaro con la participación de expertos, consejeros electorales y legisladores, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral perfilan iniciar el proceso de dictamen en septiembre, sin definir todavía cronograma.
De prevalecer el anunciado rechazo de la oposición (PAN, PRI, MC y PRD), la reforma electoral correría la misma suerte que la reforma eléctrica y se convertiría en la segunda iniciativa del presidente López Obrador en ser desechada.
Guardia Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo 1 de septiembre ante la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para poner la Guardia Nacional “bajo el control operativo y administrativo” de la Secretaría de la Defensa, sin considerar una reforma constitucional.
Según el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, el proyecto prevé cambios a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de Ascensos y Recompensas.
Con carácter de preferente, la iniciativa presidencial deberá ser discutida y votada en un plazo máximo de 30 días naturales en la Cámara de Diputados, y desahogada en no más de 30 días naturales en el Senado de la República.
Horario de verano
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados votará el próximo 21 de septiembre el dictamen de la Ley de Husos Horarios para eliminar el horario de verano, con la intención de llevarla a discusión en el pleno antes de finalizar ese mes.
El presidente de la comisión legislativa, Manuel Rodríguez, descartó la convocatoria a un parlamento abierto para discutir la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el proyecto tiene no solo el respaldo popular, sino prácticamente la unanimidad de los grupos parlamentarios.
Espacio Aéreo
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el 28 de abril su iniciativa de Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para garantizar el dominio pleno del Estado sobre dicho espacio, inhibiendo las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
El mandatario alertó sobre los vacíos jurídicos o administrativos que permiten a la delincuencia organizada utilizar la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo para realizar actos ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación civil.
La Comisión de Defensa Nacional en el Palacio de San Lázaro inició ya el análisis de la nueva legislación, pero tiene todavía pendiente una reunión con la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional para revisar los alcances de la iniciativa y, en su caso, proceder a dictaminarla y llevarla al pleno.
Función Pública
La Cámara de Diputados mantiene igualmente en suspenso la iniciativa presidencial para transferir de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública la coordinación y conducción de las Unidades Administrativas y de Finanzas, además de centralizar la política general de contrataciones públicas.
La Función Pública tendría la facultad de participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del gobierno, así como coordinar las “compras estratégicas”.
No obstante, el proyecto de ley fue turnado a la Comisión de Gobernación sigue entrampado en medio de la disputa abierta por diputados de Morena para remover al priista Alejandro Moreno como presidente de ese grupo de trabajo y la resistencia del bloque opositor a ceder a dicha exigencia.
JLMR