La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Lilia Herrera Anzaldo, se pronunció porque luego del primer informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, todos los secretarios que integran el Gabinete Estatal rindan cuentas ante integrantes de la Legislatura Mexiquense, reiterando que como oposición serán críticos y responsables, vigilando el actuar del gobierno en turno.
En conferencia de prensa y cuestionada sobre este ejercicio de rendición de cuentas, indicó que será el grupo parlamentario del PRI en la Legislatura Mexiquense, el que dé seguimiento al tema, revisando y analizando las acciones emprendidas por la administración estatal.
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Para ello, al interior de la Junta de Coordinación Política se estarán pronunciando a favor de que exista un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia por parte de las y los secretarios estatales y puedan ser cuestionados sobre los retos que enfrenta la entidad, entre ellos la seguridad, el acceso a servicios de salud, así como el uso de los recursos públicos.
“Creemos que es muy importante que no bajemos la vara, ni como ciudadanos ni lo haremos como partido político, para medir las responsabilidades y las facultades que tiene el Gobierno del Estado de México y que deberá asumir”.
Formato
En tanto, el delegado General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en la entidad, Jorge Armando Meade Ocaranza, sostuvo que se deberá cuidar el tipo formato que se defina para la Glosa del Informe, pues debe ser uno en el que se responda a la propia ciudadanía, ya que “la rendición de cuentas es una exigencia y la transparencia es una obligación”.
Indicó que el tema de salud sigue siendo un gran pendiente para las y los mexiquenses, ya que las estadísticas oficiales indican que 44 por ciento de la población en la entidad, no tiene acceso a los servicios de salud en el sector público.
No a la militarización
En este marco, manifestaron su rechazo a la militarización de la Guardia Nacional, señalando que solo en 2023, esta institución puso a disposición del Ministerio Público a 6 mil personas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, y cada detención costó más de 14 millones 700 mil pesos, mientras que 95 por ciento de los casos las personas involucradas ya están libres.
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