La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, anticipó un intenso debate sobre el respeto a la división de poderes y la defensa de los organismos autónomos, tras la presentación de las iniciativas de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que las propuestas del Ejecutivo plantean modificaciones a 48 artículos de la Constitución, es decir, 35 por ciento del total, además de las dos iniciativas de reformas a leyes secundarias.
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“Estas reformas constitucionales exigen un parlamento abierto, foros con especialistas y académicos, para conocer la opinión de todos los involucrados en esos temas. Seguramente los colegios de abogados y los constitucionalistas también enviarán sus anotaciones”, señaló.
La legisladora del PRI prevé así un debate sobre la reafirmación del republicanismo, el respeto a la división de poderes y sus contrapesos, además de la defensa a las instituciones autónomas.
“Estamos llamados a defender las instituciones autónomas, a consolidar el régimen democrático con un presidencialismo fuerte, vigoroso, para prospectar nuestro federalismo e impulsar el desarrollo de las comunidades, de los estados, de las regiones del país, porque eso en la República es la soberanía”, dijo.
Guerra remarcó su interés en que la discusión sea plural y equilibrada, privilegiando los argumentos en el debate, por lo que, una vez en el pleno, se aplicará el Reglamento de la Cámara de Diputados con rigor, “porque aquí nos regimos por leyes que nosotros mismos hacemos, y las tenemos que respetar”.
Confió asimismo en la responsabilidad de los legisladores para dictaminar en comisiones de manera adecuada y justa.
Recordó que cada comisión tiene una estructura con su presidencia, vicepresidencia y secretarías, en las cuales están representados diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios y la discusión, primero, se dará ahí.
La diputada presidenta subrayó que, más allá del impacto presupuestal enviado con el paquete de iniciativas, es obligación de los legisladores solicitar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la propia Cámara de Diputados los análisis que indiquen los impactos económicos de las propuestas.
LP