En 2020 se inventaron donaciones por 732 millones de pesos, acusó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien también aseguró que con la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta “solo una o dos” de 10 mil donatarias serán afectadas.
Mientras, la organización ambientalista Greenpeace calculó que el límite a las deducciones fijado en la miscelánea fiscal de 2022 le dejará pérdidas propias de 26 por ciento de donativos.
El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal 2022, en la que entre otros aspectos destaca la inscripción obligatoria de los jóvenes a partir de los 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Además, limita el total de deducciones a 15 por ciento de los ingresos anuales de las personas físicas o el equivalente a cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (163 mil 467 pesos), incluidos gastos médicos, colegiaturas, transporte escolar y donativos a asociaciones civiles.
Este viernes, durante una reunión con las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda en el Senado, Buenrostro expuso que existen aproximadamente 10 mil donatarias autorizadas para tener beneficios fiscales y de esas la reforma afectará “a una o dos; no tiene que ver con temas sociales, son fundaciones familiares y esta para acotar a siete personas de una misma familia”.
Acusó que el año pasado esas fundaciones familiares se inventaron donaciones por 732 millones de pesos. Entonces su deducción no corresponde a lo que aporta y “esto va orientado a un abuso. Lo que nosotros queremos es ponerle un tope a los abusos”.
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En entrevista, la funcionaria rechazó dar a conocer el nombre de dichas personas argumentando el secreto fiscal. “No puedo sacar los nombres, pero sí los números. Son siete personas, son de la misma familia, históricamente se observa que acreditan, deducen, 350 millones de pesos al año y va directo a sus fundaciones familiares. De 10 mil donatarias verían afectados sus ingresos dos, son fundaciones familiares”, insistió.
Sin embargo, dejó en claro que no es una defraudación fiscal, sino un abuso “porque la ley no lo prohíbe”.
Rechazó que haya una persecución contra donatarias y acusó que existe un “abuso de lenguaje” por parte de los legisladores por utilizar el término de “terrorismo fiscal”.
Buenrostro explicó: “Si a un niño le hacen un examen, nadie dice que es terrorismo fiscal. Y si reprueba y lo hacen repetir el año no es una persecución política. Si a un asesino o a un narcotraficante se le mete a la cárcel o se le obliga a expiar sus faltas, tampoco es terrorismo penal. Entonces tampoco puede ser considerado terrorismo fiscal el que a la gente se le exija cumplir con sus obligaciones”.
Afectación
Mientras, en entrevista con Josué Becerra para MILENIO Televisión, Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, explicó que la organización se sostiene con los donativos de 42 mil personas, de los cuales 26 por ciento ha solicitado recibos de deducibilidad entre enero y septiembre.
Dijo que de aprobarse en el Senado la reforma de deducciones, “el impacto potencial (para Greenpeace) podría ser de 26 por ciento de pérdida... la gran mayoría de las personas que hacen un donativo mensual a Greenpeace, que está en el orden de los 320 pesos, lo hacen por convicción”.
El activista destacó que la organización no recibe dinero de gobierno, ya que uno de los pilares de Greenpeace es la independencia política y económica. Resaltó que entre 93 y 96 por ciento de su presupuesto se obtiene en el país y solo una mínima parte del extranjero.
“Greenpeace no recibe dinero, ni donativos de empresas, ni de partidos políticos ni de gobierno. Nos financiamos únicamente con pequeños donativos de personas individuales”.