La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) advirtió que la iniciativa que plantea puertos administrados en su totalidad por la Secretaría de Marina es “inconstitucional, propia de gobiernos dictatoriales”.
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Héctor López Gutiérrez, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal informado de los alcances del proyecto presentado por 12 diputados de Morena, que se discutirá y votará el próximo martes en las Comisiones Unidas de Gobernación y Marina.
La propuesta reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y de la Ley de Puertos.
Previo a la reunión con integrantes de la Comisión de Gobernación, López Gutiérrez refirió que de 180 países que integran la Organización Marítima Internacional (OMI), solo siete, con gobiernos dictatoriales, tienen militarizados sus puertos y este será un mal mensaje a escala internacional.
“De 180 países de la OMI, solo siete… por ejemplo Corea del Norte, que tiene un régimen dictatorial terrible, y Chile, que sufre problemas producto de la dictadura de Pinochet, ¿no le dice a usted algo de lo inconveniente que es el manejo por parte de autoridades militares de los puertos comerciales y de la Marina Mercante?
“EU, que es potencia militar, no tiene militarizados sus puertos; Canadá, que es otro de nuestros socios comerciales en el T-MEC, tampoco; muchos otros países de Latinoamérica, con los que tenemos comercio, aun los centroamericanos que a veces tienen ciertas inestabilidades políticas, tampoco… ¿por qué México sí?”.
En entrevista para MILENIO, el coordinador afirmó que es “totalmente inconstitucional”, porque viola el artículo 129, que establece que “en tiempos de paz ninguna actividad civil puede ser desarrollada por autoridades militares”.
Detalló que el argumento para la reforma es que hay corrupción en la administración de los puertos y se presta para la operación del crimen organizado; sin embargo, afirmó que la intromisión de estos grupos es “mínima”.
En diciembre de 2016, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se reformaron estas leyes y la Marina asumió 90 por ciento de las funciones respecto de las más de 100 Capitanías de Puerto de la Marina Mercante, que antes correspondían a la SCT.
En las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación se estableció que la Semar está a cargo del ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima, así como el mantenimiento del estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.
En tanto, la SCT se encarga de planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua, de la Marina Mercante y de los puertos nacionales, y de representar al país en las negociaciones de los tratados internacionales en materia marítima, entre otros temas.
Ahora, de acuerdo con el dictamen en poder de MILENIO, las reformas planteadas implican cambiar el modelo institucional para que la Marina asuma la rectoría del transporte por agua, a cargo de la SCT.
Además de transferir facultades en materia portuaria, como la limpieza y obras marítimas con embarcaciones, así como su participación en la autorización de las reglas de operación del puerto y el programa maestro de desarrollo portuario.
También el traspaso de la administración del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante, así como la trasferencia de recursos financieros, materiales y humanos de la SCT a la Marina.
CRONOLOGÍA
MARZO 2016
El Ejecutivo plantea transferir facultades de la SCT a la Semar para operar las capitanías por registro de altos índices delictivos.
DICIEMBRE 2016
La SCT publicó el decreto por el que la autoridad marítima nacional la ejerce el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Marina.
SEPTIEMBRE 2018
La SCJN declaró constitucional la transferencia de la SCT de las Capitanías de Puerto a la Semar, que tomó control el 1 de julio de 2017.
OCTUBRE 2019
El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, rechazó la nueva iniciativa, porque lleva a la “militarización de una actividad que es civil”.