En su primer día de sesiones del periodo ordinario, y por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó la declaración remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la que el Estado mexicano reconoce la competencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país, ocurridas a partir de diciembre del 2010. El documento se remitió al Ejecutivo para los efectos correspondientes.
El martes de la semana pasada, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta envió a la Comisión Permanente, el documento firmado por el presidente López Obrador, al que se dio entrada el miércoles y se remitió al Senado, que en fastrack y con el consenso de todos los grupos parlamentarios fue avalado.
Los legisladores destacaron que hasta el 31 de diciembre de 2019, el número de desaparecidos en nuestro país asciende a 61 mil 637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que este instrumento es trascendental y depende del Senado su aprobación ya que se le otorga jurisdicción al Comité Internacional y tiene la facultad para recibir denuncias de familiares, abogados, amigos, conocidos, para que el Estado Mexicano se active, los busque y pueda reparar el daño.
“Es una lucha de muchos años; ya no más Tlatlayas, ya no más Ayotzinapas, ya no más crímenes ni desapariciones, ni ambientalistas desaparecidos, ni periodistas desaparecidos”, subrayó.
En el Pleno, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la panista Kenia López llamó a los legisladores a votar a favor de dicho instrumento, y advirtió que es necesario fortalecer a las instancias locales en la materia, especialmente las fiscalías estatales y los centros de identificación forense.
En su intervención, indicó que es importante el reconocimiento de la declaración ya que el comité reforzará la acción del estado mexicano para erradicar y combatir la desaparición forzada en el país en conjunto con la sociedad.
Posteriormente, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el morenista Héctor Vasconcelos celebró que se discuta la declaratoria.
“El gobierno que busca la cuarta transformación de la vida nacional no tiene nada que esconder y, por tanto, acepta cualquier colaboración, venga de donde viniere, siempre y cuando ésta pueda fortalecer y abreviar el proceso de combate a la delincuencia, ya sea de cuello azul o blanco, la corrupción, el encubrimiento y la impunidad”.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera reconoció la decisión del Ejecutivo para dar complemento jurídico para resarcir la lucha por búsqueda de las personas desaparecidas de forma forzada.
La senadora del PRI, Beatriz Paredes explicó que con este instrumento el Estado Mexicano fortalecerá el compromiso con los derechos humanos por parte de las instituciones policíacas y organismos migratorios.
Manifestó su indignación por la desaparición forzada de personas, por lo que, a los discursos, dijo, deben seguir las acciones. Desde tribuna consideró que la aplicación del Derecho Internacional debe ser atendido por el Estado Mexicano para a efecto de responder las demandas de la sociedad mexicana.
El senador del Partido Verde, Israel Zamora destacó que “el dolor de las personas, de los familiares de desaparición forzada siempre lleva un catalizador, y el catalizador es la incertidumbre, por eso es importante lo que vamos a aprobar”.
Declaratoria
En la declaratoria s establece la declaración de reconocimiento coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente los relativos al pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos.
Como parte de la atención a víctimas se contempla la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas.
Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la denuncia, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello.
El presidente López Obrador destaca en el documento que “entre los esfuerzos del Estado mexicano para abatir este flagelo, se encuentra la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006, y vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010”. Ahora, se agrega el reconocer la competencia del órgano de la ONU responsable en este tema.
Precisa que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU se constituyó al amparo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que se encuentra vigente para nuestro país desde el 23 de diciembre de 2010, y establece que, de manera urgente analizará casos de desaparición forzada, que le sean notificados.
En el texto se precisa que una vez recibida la comunicación y antes de decidir sobre el fondo, el Comité puede dirigir al Estado parte en cuestión, una solicitud para que adopte las medidas cautelares necesarias, con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
Explica que el comité está integrado por diez expertos de gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercen sus funciones a título personal, y actúan con total imparcialidad.
El Comité examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los Estados Parte para cumplir con la Convención, y formula los comentarios, observaciones o recomendaciones que considera apropiados.
Además, puede examinar de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.
ledz