El sistema de justicia, especialmente en materia civil y familiar, es lento, incierto, discriminatorio, complicado y oneroso para quienes no cuentan con los recursos para pagar un juicio a través de profesionales del derecho. Por ello, comisiones del Senado discutirán y aprobarán la próxima semana el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, explicó que con este Código Nacional se busca contar con procedimientos homologados en todo el país en materia civil y familiar, “la ventaja es que se ha discutido con todos los tribunales de la República y Ciudad de México, también se hicieron foros de discusión con expertos y las coincidencias que se han tenido para homologar procedimientos, y oralidad es la ventaja que se tiene”.
La propuesta está encaminada a garantizar el acceso a la justicia a grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo, velar por el interés superior de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres, desde una perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos humanos.
Se plantea que los notarios públicos podrían atender aquellos asuntos que no presenten controversia, por ejemplo, el apeo y el deslinde, así como los divorcios voluntarios, donde no existen hijos menores ni controversias sobre el patrimonio, y las sucesiones en las que no exista conflicto entre los beneficiarios.
En entrevista con MILENIO, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México y ex procurador capitalino comentó que la principal afectación es que cada estado del país cuenta con distintos procedimientos para temas idénticos “para hablar de adopciones, prescripción, temas civiles, otorgamientos de contratos”.
Es decir, precisó, “¿cómo se llevan esos juicios?, ¿cuáles son los plazos?, ¿cuáles son los tiempos de apelación?, ¿cuáles son las diferentes formas de ejecución? Todo esto es lo que se haría en un solo código y ya no sería diferente litigar en Jalisco, que en Yucatán, que en la propia ciudad, o en Veracruz”.
Para el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y hasta contradictorias, ha generado obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita, por lo que es necesario homologar los criterios y establecer las bases normativas para tener un nuevo sistema de justicia civil y familiar.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que es impostergable concretar una justicia cotidiana que beneficie la celeridad en los procesos civiles y familiares, y que cumpla con los más altos estándares internacionales relativos al acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo.
Desde mediados del año pasado, el Senado realizó foros para conocer las distintas visiones de especialistas, operadores jurídicos, del gremio de la abogacía, la academia, organizaciones civiles y de la ciudadanía en general, sobre el contenido y alcances de esta propuesta, con el fin de que los legisladores puedan identificar áreas de oportunidad y recabar contribuciones oportunas, para construir un instrumento de aplicación práctica, que responda a nuestra realidad.
A finales de 2021, Monreal y el senador con licencia Julio Menchaca presentaron una iniciativa, con la intervención de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia del Senado.
La propuesta busca regular el sistema de impartición de justicia en estos campos, su competencia objetiva y subjetiva, las disposiciones comunes a los procedimientos orales y se incluyen temas relativos a acciones colectivas, recursos y al juicio de responsabilidad.
Durante los foros, la senadora de Morena y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la panista Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, coincidieron en que este código debe contar con un apartado que permita reducir los trámites y tiempos para el procedimiento de adopción de menores.
Sánchez Cordero señaló que el proceso de adopción demora meses o años; e, incluso, el trámite puede ser angustioso y complicado tantos para las familias como para los menores, debido a la tardanza en las evaluaciones y la falta de homologación en cada entidad federativa, provocando que las instituciones se encuentren rebasadas en su capacidad, lo que genera atraso y saturación de expedientes.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más de 150 millones de menores en el mundo necesitan un hogar; en México. Además, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que, en 2020, más de 30 mil menores vivían en centros de asistencia social.
Hace unos días, el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón dijo que este código “será la obra más importante de la presente Legislatura”, porque impactará en la vida diaria de toda la ciudadanía y comentó que toca los intereses de cada persona y de su vida diaria, “porque nadie se encuentra exento de recurrir a la justicia y a los procedimientos jurisdiccionales, y que sean homogéneos y expeditos, es el primer reclamo de la ciudadanía”.
Castañón señaló que mucha de la tardanza en los procedimientos civiles y familiares se da por los códigos de procedimientos locales, y por no tener homogeneidad en estos procesos. Dijo que hay muchos obstáculos en la pluralidad de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias en los diferentes códigos de las 32 entidades federativas.
En este documento se destaca un apartado de justicia digital, la cooperación procesal internacional y se prevé un rubro para el juicio arbitral, los cuales serán analizados una vez que inicien las actividades legislativas.
LP