Los partidos políticos que incurran en actos de violencia política por razones de género en el Estado de México serán sancionados con la pérdida de hasta 50 por ciento del financiamiento público que les corresponde y podrían perder su registro como partidos o no tendrían derecho a obtenerlo si se trata de agrupaciones.
De acuerdo a las reformas que la Legislatura mexiquense aprobó, el Tribunal Electoral deberá dictar medidas para reparar el daño causado, desde la indemnización de la víctima, la restitución inmediata en el cargo que fue obligada a renunciar, una disculpa pública y medidas de no repetición
El dictamen avalado por todas las fuerzas políticas reitera la negativa de registro como candidato a cargo de elección popular a quien sea deudor alimentario o haya sido sentenciado por violencia familiar o delitos sexuales, tanto para hombres como para mujeres.
Garantiza medidas cautelares para poner a salvo a quien sea víctima de violencia política en razones de género, para que el hecho no se repita ni se pueda causar un mal mayor, por lo cual se contempla el retirar la campaña violenta, suspender prerrogativas si es una acción reiterada, suspensión del cargo partidista y cualquiera otra que se requiera.
Además amplía el concepto de violencia política en razón de género y las acciones que pueden encuadrar en éste, precisando que son acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirigen a una mujer por ser mujer, le afectan d manera desproporcionada o tienen un impacto diferenciado en ella.
- En el articulado de diversos ordenamientos locales, como es la Constitución y el Código Electoral se precisa que los partidos políticos están obligados a fomentar el principio de paridad de género y erradicar la violencia de género; se reitera el registro de listas de candidatos con paridad horizontal y vertical, y en el caso de cifras impares como las listas plurinominales, se alternará un sexo distinto en cada elección.
Se insiste que no pueden postular a las mujeres sólo a distritos y municipios de bajo nivel de competencia y deben informar qué criterios usaron para garantizar la paridad de género en las candidaturas a la Legislatura y ayuntamientos.
Los partidos deberán destinar parte de su financiamiento para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género; se prohíbe la propagada que calumnie, discrimine o constituya actos de violencia política contra las mujeres.
- En cualquier momento que se incurra en violencia política de género se puede promover el juicio, dejando claro que la violencia puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales o municipales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes; precandidatos y candidatos de ambos sexos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
Mandata a la Fiscalía de Justicia a generar un Protocolo de Procedimientos para la Atención y Seguimiento de denuncias por violencia política contra las mujeres en razones de género, además de integrar una base de datos con el registro de denuncias por violencia política y compartir esa información.
En el nivel público se sancionará administrativamente la violencia política con razones de género.
Paridad en gabinetes
Aunque se buscaba que la paridad de género llegara a la presidencia del Poder Judicial y se alternara entre un magistrado y una magistrada por cada periodo; esta parte no se modificó y seguirá estando a decisión de los votantes, pero si se dejó claro que los cargos de jueces y magistrados deberán ser equitativos entre ambos sexos.
El próximo gabinete estatal también deberá favorecer el principio de igualdad y paridad de género cuando el gobernador o gobernadora haga los nombramientos.
- Sólo se avaló que haya equidad de cargos en los altos cargos del Instituto de Transparencia, Instituto y Tribunal Electoral, la Codhem, el Tribunal de Justicia Administrativa y en las direcciones municipales.
Aprobada por unanimidad
El dictamen fue aprobado por unanimidad. Sólo falta que el Ejecutivo lo publique para que entren en vigor.
Legisladores de Morena, PAN y PRD se congratularon por el avance. Reconocieron que hace falta más y aseguraron que al final no es un tema de colores o quien lo propuso primero, sino el resultado.
La diputada Azucena Cisneros, de Morena, aprovechó para recordar la violencia en contra de la ex candidata a gobernadora, Delfina Gómez y acusó al “PRIAN” de “perversos y falto de escrúpulos”.
El dictamen fue producto de seis iniciativas de ley, así como propuestas y observaciones de colectivos, consejeras electorales, magistradas, víctimas de violencia y de todos los partidos.
KVS