El delito de despojo ligó tres años en Nuevo León con un promedio de incidencia superior a los 3.5 casos presentados ante la autoridad por día.
Esto luego de que en los primeros siete meses del año 2023 acumula 775 carpetas de investigación en 212 días, es decir, una media diaria de 3.65.
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Previo a ello, en el año 2021 fue la primera vez que en la entidad se rebasó un promedio diario de tres averiguaciones por este delito al concluir con mil 406 casos y una media de 3.85 por día.
Al año siguiente, la tendencia fue similar al finalizar el año 2022 con un promedio de 3.72 delitos de despojo por día, producto de mil 360 en 365 días.
Antes del año 2021, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el año 2020 fue la primera vez que en el estado se rebasaron los mil delitos de despojo en un año, al terminar ese periodo con mil 22.
Sin embargo, la media en ese año 2020 fue de 2.8 despojos por día, mientras que en el año 2019 hubo 846 casos y un promedio de 2.31 delitos por día.
Debido a este escenario de inseguridad o de falta de certeza jurídica, tanto en el Congreso del Estado como en el Gobierno estatal se puso atención en este delito.
Por el lado del Legislativo, el 19 de enero de este año, el diputado local Javier Caballero, aseguró que buscarán elevar las sanciones para los que estén involucrados en el delito de despojo y para ello presentó una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Despojo de Inmuebles.
Mientras que el 14 de febrero, el Estado, el Congreso local, el Poder Judicial, la FGJE y el Colegio de Abogados y Notarios Públicos tomaron cartas en el asunto para combatir este delito y acordaron hacer reuniones constantes para reformar, en un futuro, el Código Penal y el Código Civil.
En tanto que el 3 de mayo, el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, Javier Caballero Gaona, informó que ya se prepara una reforma integral a múltiples leyes y códigos estatales para evitar el delito de despojo en Nuevo León, y que se espera tener una solución antes de que concluya el año.
Por su parte el Gobierno del Estado propuso el pasado 21 de agosto, a través de Josemaría Urrutia García, director General del Instituto Registral y Catastral, una nueva Ley del Registro Público Inmobiliario y de Personas Morales y de Catastro de Nuevo León, la cual contempla temas “vanguardistas” que ayudarían a combatir el despojo de inmuebles.