Felipe Garza Narváez, señaló que los ciudadanos tienen derecho a buscar seguridad, sin embargo la autoridad federal y estatal tiene obligación de proporcionarle lo cual ya se está atendiendo.

La disputa por el control de las barriadas de Martissant y Fontamara llevó a cerca de 10 mil personas a dejar sus hogares y pedir refugio; ahora viven hacinados en espacios públicos como gimnasios.

Las inundaciones y deslaves han causado que más de 5 mil personas tengan que trasladarse a albergues temporales, además de daños en más de 500 viviendas.

Los habitantes de las comunidades de Aguililla se han visto obligados a desplazarse en las últimas semanas debido a la inseguridad y los bloqueos, que han provocado falta de alimentos y medicinas.

Afirman que en la construcción de esa ley tienen que participar las personas que han sido desplazadas.

Eusebio Echeverría Tabares negó que haya un desplazamiento masivo de los habitantes de la comunidad de El Durazno, donde un grupo de supuestos sicarios irrumpió para quemar 10 viviendas y robarse al menos 200 cabezas de ganado.

El legislador informó que en coordinación con organizaciones de derechos humanos, legisladores, personas desplazadas, expertos nacionales e internacionales han trabajado más de un año para poder plantear una ley nacional.

Las víctimas de desplazamiento forzado son atacadas por “grupos paramilitares” que asolan varias comunidades de Chiapas “protegidos por funcionarios de los gobiernos municipales y estatal”, acusaron organizaciones no gubernamentales.

No cabe duda que el objetivo de los medios de movilidad urbana es reducir al mínimo posible los desplazamientos y los tiempos de los viajes, de preferencia anularlos completamente.