Las organizaciones denunciaron políticas de externalización de fronteras, expulsiones colectivas y obstáculos de acceso a la justicia.

Las instancias solicitaron redoblar esfuerzos en la recuperación de pruebas, nuevos testimonios relevantes y acelerar las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia que aún están pendientes.

Tras los hechos de 2017 en Arantepacua, la Oficina en México de las Naciones Unidas pidió a las administraciones entrantes implementar un plan de asistencia para las víctimas.

La titular de la ONU-DH dijo que la búsqueda y la investigación deben ser articuladas y coordinadas para que las personas desaparecidas sean buscadas con el máximo de los recursos disponibles.

La dependencia exigió garantizar la libertad de expresión y privilegiar el diálogo, especialmente tratándose de funcionarios públicos.

El organismo indicó que en todos los casos la búsqueda efectiva debe contar con la participación de las familias de las personas desaparecidas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, este protocolo es el resultado del trabajo colectivo de instituciones gubernamentales y de la escucha activa de las necesidades de las víctimas.

En el marco del el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Cali Tzay reconoció la resiliencia de los pueblos indígenas y el ejercicio de su derecho a la autodeterminación para responder a la pandemia.

Señalaron que a responsabilidad del Estado incluye asegurar medidas transparentes, participativas y accesibles para todas las comunidades afectadas.

Las comunidades pudieron establecer un diálogo interno y expresar sus posiciones en torno a los impactos de las granjas porcícolas instaladas en la zona.