Se contempla la clausura cuando existan condiciones que pongan en riesgo la vida de los empleados.

Derrumbes y trabajadores sepultados han marcado el historial de empresas trituradoras. El más reciente caso, ocurrido en Escobedo, vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad.

El gravamen ecológico que autoridades comenzaron a cobrar desde 2022 a las empresas que contaminan, tan sólo durante el primer trimestre de 2026 ha sido de 91 millones 563 mil 404 pesos.

La batalla legal detonó hace cuatro años con una lluvia de amparos por parte de las pedreras de Nuevo León para combatir el nombrado impuesto verde.

El especialista señaló que las pedreras representan una aportación muy baja de emisiones contaminantes, en comparación con otras empresas.

Jesús Aureliano Martínez Schimdt, de la Asociación de Extractores de Caliza AC, fue contratado desde el 1 de marzo de 2024 con un cobro por honorarios de 70 mil pesos mensuales.

El secretario de Medio Ambiente indicó que más adelante estarán informando si habrá o no una sanción y de qué tipo.

El secretario de Medio Ambiente señaló que la empresa no realizó el proceso adecuado para aminorar el impacto ambiental.

Señalaron que pueden existir otras formas o métodos de uso de agua para las pedreras.

Autoridades en Nuevo León informaron que la compañía no contaba con los permisos correspondientes de uso de agua del subsuelo.