La consejera jurídica de la Presidencia advirtió que este encuentro busca fortalecer la revisión técnica y la coordinación jurídica entre los organismos.

Las querellas presentadas equivalen a un monto recuperado de aproximadamente 45 mil 684 millones de pesos.

Las calificativas son un concepto agravante del delito básico, advirtió el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda.

Carlos Romero Aranda señaló que modificar la Constitución es una de las opciones que están en consideración del gobierno luego de que la Suprema Corte invalidara imposición de esa medida preventiva a imputados en casos de delitos contra el fisco.

La procuraduría exhortó a los indiciados a presentarse ante el juez que los aperciba para llevar su proceso legal, como cualquier ciudadano.

También, se llevó a cabo la presentación del libro El outsourcing, tercerización o subcontratación laboral, del doctor Carlos Romero Aranda, titular de la PFF.

La reforma al outsourcing ahora contempla por prácticas indebidas prisión preventiva y sentencias que consideran hasta 13 años de prisión.

Carlos Hernández Cordero fungió como secretario particular y jefe de la oficina de coordinación del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

Estas empresas y personas físicas están en la lista de personas bloqueadas; no pueden tener cuentas bancarias, ni pueden tener cuentas en el sistema financiero.

Se presentaron tres personas solicitando la intervención y apoyo de la procuraduría para lograr la recuperación de más de 600 mil millones de pesos.