La Función Pública aseguró que continuará la defensa de la legalidad de la sanción impuesta a la empresa editorial, por haber violentado la norma al presentar información falsa en una adjudicación directa en 2018.

Un juez de control vinculó a proceso a tres personas por su presunta responsabilidad en la sustracción del expediente del caso conocido como la “Casa Blanca” que involucra al ex presidente Peña Nieto.

En los últimos dos años, la Secretaría de la Función Pública ha podido documentar y sancionar desfalcos por más de 728 millones de pesos al erario; sin embargo, ha recuperado poco más de 5 millones.

Organizaciones civiles y sociales atenderán a los lineamientos marcados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de la Función Pública.

La SFP indicó que es falso que se hubiera retenido información para los auditores, pues en ningún momento negaron el acceso a expedientes.

La ASF aseguró que la posición, adoptada por la SFP durante un proceso de fiscalización, "resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia que la propia dependencia impulsa en el ámbito de sus facultades”.

La Auditoría Superior de la Federación señaló un probable daño al erario por un gasto excesivo en servicios de hospedaje y alimentación por parte de elementos del Servicio de Protección Federal.

A la empresa se le acusó de haber actuado con dolo al haber realizado cobros en exceso a Pemex Refinación por 22 millones 495 mil 882 pesos.

La sanción confirmada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA también incluye una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos a Carlos Alberto Pedrero Rodríguez.

La Función Pública informó que la Sedatu tenía adeudos por 10.8 mdp, mientras que el Órgano de Prevención y Readaptación Social adeudaba 865.2 mdp al Servicio de Protección Federal.