Uno de los primeros actos de Joe Biden como presidente de Estados Unidos fue la continuación de una mala política de su predecesor, Donald Trump, no una ruptura con ella. Firmó una orden ejecutiva que aumenta la apuesta por las reglas Buy American (compra estadunidense) para las adquisiciones del gobierno federal. Esto es un error, incluso si se hace con una razón política comprensible.
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Biden quiere que su presidencia restaure la condición y el bienestar de los trabajadores comunes, muchos de los cuales apoyaron a Trump, después de sufrir durante décadas el extremo punzante de la automatización, la globalización y el cambio económico. Esta es una agenda noble, pero no justifica este tipo de proteccionismo puro.
Toda protección es un impuesto para los consumidores de productos protegidos, en beneficio de sus productores. Pocas veces hay una buena razón para esperar que estas ganancias se trasladen a los trabajadores comunes. Una buena parte de las ganancias pasará a los accionistas y a los directores. Mientras, los costos van a caer sobre los compradores. En este caso, ese comprador es el gobierno, que terminará desperdiciando recursos fiscales escasos en bienes y servicios innecesariamente caros.
Estas no son solo objeciones teóricas. De acuerdo con el trabajo empírico del Peterson Institute for International Economics, en 2017 los contribuyentes federales y estatales de EU pagaron 94 mil millones de dólares más por los bienes y servicios que estos gobiernos compraron cuando los necesitaron. Además, de acuerdo con el estudio, “el costo anual para el contribuyente por cada empleo estadunidense que presuntamente “salvó” Made in America quizá supera los 250 mil dólares”.
Esa suma sin duda no es lo que ganaron los trabajadores comunes a los que se ayudó. Por el contrario, la mayoría de las transferencias implícitas de dinero pasaron a otras manos. Ya que la política hace subir los precios que pueden cobrar los productores estadunidenses, además, los clientes del sector privado quizá surtan más compras en el extranjero, lo que debe compensar gran parte de lo que según se ganó. La protección contra la presión competitiva también puede desacelerar la innovación y por tanto el crecimiento de la productividad entre los productores de EU, lo opuesto a lo que requiere un crecimiento salarial sólido y sostenido. Esto es una forma de crear un grupo de firmas grandes y rentistas.
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Esto no quiere decir que la adquisición pública deba ser libre para todos. Biden está dispuesto a detener, si no es que revertir, el descenso de los empleos sindicalizados. Ese es un objetivo legítimo, que debe abordarse con políticas más integrales, pero será correcto exigir estándares mínimos de trato al trabajador y derechos de organización de los postores (estadunidenses y extranjeros por igual) para los contratos federales.
El gobierno de EU descuidó durante mucho tiempo varias de esas herramientas. Es uno de los países ricos que más gasta en políticas activas de mercado laboral, los servicios del gobierno que ayudan a los trabajadores a encontrar nuevos y mejores empleos. También debe fortalecer su programa de Asistencia por Ajuste Comercial. Ayudar a los trabajadores es esencial, pero una protección mal dirigida es una manera perjudicial de hacerlo.
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PIB ESTADUNIDENSE CAE A NIVEL DE 1946
La economía de Estados Unidos se contrajo en 2020 a su tasa más pronunciada desde la Segunda Guerra Mundial, con estragos causados por el covid en firmas de servicios como restaurantes y aerolíneas, y dejando a millones de personas sin trabajo y en pobreza. Según las cifras del Departamento de Comercio, la economía se contrajo 3.5 por ciento en 2020 durante el cuarto trimestre del año pasado, su peor desempeño desde 1946, luego del crecimiento de 2.2 por ciento en 2019, y marca la primera caída anual del PIB desde la Gran Recesión de 2007-09; las cifras también mostraron que el repunte fue perdiendo fuerza al cierre del año, en medio de más contagios y el agotamiento de la ayuda del gobierno.