M+.- Las entregas voluntarias a la justicia estadunidense del general Gerardo Mérida y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa Enrique Díaz son elocuentes en distintos planos.
Primero, reconocen el peso de las acusaciones que les hacen y no exigen pruebas. Hasta cierto punto se admiten culpables y se entregan a rendir cuentas, a confesar lo que saben y obtener beneficios por colaborar. Su entrega podría verse como una prueba superviniente de la verdad de sus delitos.
En segundo lugar, renuncian a la vía escogida por el gobierno federal mexicano para defenderlos de la justicia extranjera, justamente la de exigir pruebas antes de detenerlos. Al entregarse, de algún modo reconocen que la justicia extranjera es válida en sus casos.
Tercero, no sólo no se quejan de la justicia extranjera que los acusa, sino que se entregan a ella voluntariamente, aceptando sus condiciones, renunciando a los medios de defensa que les brindó el gobierno de México cuando rechazó el pedido de su captura para extradición. De hecho, se extraditan voluntariamente.
Sabemos que obtendrán ventajas de la oficina del gobierno estadunidense que los reclama, como llama la presidenta Sheinbaum a la Corte del Distrito Sur de Manhattan.
Si cooperan denunciando delitos de sus superiores en jerarquía, pueden tener reducción de penas, pero no evitar la cárcel luego de un juicio del que saldrán culpables: con penas menores a cambio de delaciones, pero cárcel cierta.
Aparece aquí un cuarto punto digno de ser subrayado, un punto que afrenta al nacionalismo judicial mexicano y a nuestro conocido orgullo histórico por la calidad de nuestros jueces y nuestras fiscalías.
El general Mérida y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz han preferido ser juzgados allá a ser defendidos acá. Tienen más confianza en el juicio estadunidense, celebrado en suelo extranjero, que en la protección que pudiera darles la justicia mexicana en nuestro propio gallinero, con la simpatía abierta, incluso beligerante, del gobierno federal.
Se diría que hay aquí una crítica radical a la justicia nativa, por parte de estos acusados mexicanos que no quieren ser defendidos por su gobierno, ni juzgados en su tierra.
No. El general y el exsecretario parecen estar diciendo a las claras: mejor presos allá que protegidos acá.
Es bastante decir.