Cuando escuchas a quienes siguen demandando una respuesta al atroz suceso de Ayotzinapa, te preguntas si han vivido ellos en un universo paralelo en el que las verdades —“históricas” o lo que fueren— jamás hubieren sido asentadas. Un mundo en el que no se hubiere investigado nada, en el que no hubieren tenido lugar pesquisas de expertos forenses, en el que no se hubiere emprendido un proceso judicial y en el que no se tuvieren ni confesiones ni pruebas ni condenas.
Ahora mismo, en los tiempos de la 4T, hay 114 restos óseos que pudieren ser enviados al laboratorio, en Innsbruck, que identificó anteriormente unas muestras y que determinó que correspondían a dos de los estudiantes de la Escuela Normal. Es más, el antiguo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había recomendado, en 2018, que se tomara esa medida. ¿Por qué no lo hacen, ahora, las autoridades correspondientes?
En su momento, la categórica resistencia a aceptar las conclusiones de la Procuraduría de la nación resultaba del propósito de acusar, de culpar, de imputarle al régimen del PRIAN la sempiterna condición de “represor”, como si las cosas no hubieran cambiado en lo absoluto desde que el Gobierno priista de Díaz Ordaz consumó la masacre de Tlatelolco, como si no hubiéramos tenido elecciones democráticas en este país ni gobernantes de oposición ni alternancia en el poder ni instituciones mínimamente confiables. Lo importante no era aclarar, sino denunciar: “fue el Estado”, comenzaron a corear los inconformes, aunque no tuvieran prueba alguna en sus manos, y en su embestida contra el “sistema” exigieron inclusive que les abrieran las puertas de los cuarteles de nuestras Fuerzas Armadas para comprobar que los cadáveres de los estudiantes no hubieran sido incinerados allí, en unos hornos crematorios que el Ejército mexicano tendría justamente para ello, para, por alguna inexplicable y extrañísima razón, desaparecer los cuerpos de los activistas sociales luego de haberlos exterminado.
Se desató también una oleada de manifestaciones y protestas que minaron enormemente la credibilidad del Gobierno de Enrique Peña siendo, encima, que sus funcionarios manejaron el asunto con una asombrosa torpeza desde el principio mismo del suceso. Y, desde luego, a esta movilización se sumaron, interesadamente, los políticos de turno, en un muy oportuno y rentable papel de denunciantes. No hubo, tal vez, acontecimiento más adverso para la pasada Administración, en todo el sexenio. Costosísimo en términos políticos y de simple supervivencia de un régimen.
Pues, Peña ya no está pero los 43 siguen en la agenda como una verdadera asignatura pendiente. El visceral repudio al pasado no admite validación alguna de las investigaciones realizadas con anterioridad, eso lo sabemos muy bien, pero entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Comenzará todo otra vez, de cero? ¿Se abrirán nuevas líneas de investigación para dirigir la acción de la justicia hacia otros posibles culpables y confirmar así las sospechas o certificar alegremente las acusaciones contra el Ejército o los esbirros del Estado? Ustedes dirán...
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