No se ve para cuándo el Congreso del Estado de Jalisco asumirá su responsabilidad en la garantía de dos derechos fundamentales: la garantía de acceso a la información pública y protección de datos personales.
En Jalisco acumulamos medio año desde la desaparición del ITEI (órgano garante) por disposición constitucional. En enero pasado, hay que recordarlo, venció el plazo para que el Congreso de Jalisco ofreciera un nuevo marco jurídico e institucional para garantizar los derechos humanos en juego.
El pasado 25 de enero, la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público aprobó, sola, los dictámenes de una nueva Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco y también la expedición de una nueva Ley Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Jalisco. Al margen estuvieron las concurrentes comisiones de Estudios Legislativos y Reglamentos, así como la de Seguridad y Justicia. Desde entonces a la fecha se desconoce qué harán con el dictamen.
De manera sorpresiva, el dictamen de la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Jalisco se presentó a primera lectura ante el pleno del Congreso, no así la de transparencia.
El pasado 14 de mayo, a propuesta del diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, solicitó ante el pleno del Congreso retirar el dictamen de la ley de protección de datos personales que se sometía a segunda lectura. Con ello, se evitó su aprobación. La razón: esa ley crea una Agencia de Transparencia de Jalisco como órgano administrativo desconcentrado de la Contraloría del Estado, autoridad garante del Poder Ejecutivo y de los 125 ayuntamientos, con sus respectivas dependencias (sujetos obligados), y que aún no existe, porque está vinculada a la nueva ley de transparencia que no se ha aprobado.
La decisión tiene sentido y corrige el proceso legislativo, pero manifiesta la piedra de tropiezo del nuevo marco legal e institucional para estos derechos: el control mediante su integración de la referida agencia. Por otra parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro ya dio luz verde para que dicha agencia se integre colegiadamente y no unipersonal.
En la sesión del pasado 14 de mayo se cambió la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana: salió el diputado Alejandro Barragán Sánchez y en su lugar quedó la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona.
Con esto, ¿el Congreso continuará pateando el bote de la transparencia o antes de que termine mayo cumplirán con su responsabilidad? No olvidar que pendiente está un amparo por omisión legislativa. Como en otros tiempos mostraría Manuel Falcón: “Aquí tienen a su baboso”.