DOMINGA.– Édgar Eusebio Millán Gómez encendió la luz de su casa para entrar. Eran las 12 de la madrugada con 45 minutos del 8 de mayo de 2008. Acababa de bajar de la camioneta blindada que lo trajo desde la Torre Pedregal, donde estaba la Secretaría de Seguridad Pública Federal, después de un operativo contra el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Entró a la unidad habitacional de la calle Camelia, en la colonia Guerrero, acompañado de un solo escolta.
Metió la llave, abrió la puerta, extendió el brazo hacia dentro y prendió la luz. Según declaró su escolta, su jefe alcanzó a gritar: “¡Ya valió verga, viene armado!”. De la oscuridad salió un hombre con una pistola en cada mano, una de ellas con silenciador.
Millán, comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, tercero en la línea de mando de la estructura que encabezaba Genaro García Luna, recibió de inmediato el primer disparo. Los peritos forenses documentarían después nueve heridas de bala en su cuerpo. Pero no cayó de inmediato. Las lesiones en ambos brazos, señaló el dictamen de criminalística, correspondían a “maniobras instintivas de defensa” que opuso a su agresor. El escolta también fue herido en el pómulo y en el hombro y quedó de rodillas antes de desvanecerse. Cuando logró alzar la vista, su jefe yacía junto en el suelo y el atacante le disparaba a quemarropa sobre su cuerpo.
Afuera, en la calle, otros tres escoltas escucharon lo que creyeron primero que eran cohetes. Corrieron hacia el zaguán y lo encontraron cerrado. Empezaron a patearlo. Una nueva detonación hirió en la pierna a uno de ellos, que alcanzó a gritar “compañero, me dieron en la pierna”, mientras el resto seguía forzando la entrada.
Uno de los suboficiales por fin logró abrir la puerta a golpes y se cubrió adentro entre una columna y una pared. Vio a su compañero con el rostro cubierto de sangre y, del otro lado, agazapado detrás de un automóvil estacionado en el patio, distinguió a un hombre en cuclillas. El atacante se puso de pie y le apuntó. El escolta se cubrió tras el muro y alcanzó a ver cómo jalaba el gatillo del arma que llevaba en la mano derecha. No hubo detonación: se había quedado sin cartuchos.
El policía le gritó dos veces que soltara las armas y levantara las manos. El hombre las dejó caer bajo el auto y alzó los brazos. El sicario se le fue encima cuando el escolta se acercó para esposarlo, con la mano izquierda intentó girar el arma en su contra para matarlo con su propia pistola. Forcejearon y cayeron al piso.
Un segundo escolta llegó a ayudar a someterlo. En ese momento Édgar Millán, de pie, gravemente herido, avanzó hacia su agresor en el suelo. “Este hijo de su puta madre me quería matar adentro de mi casa”, dijo a sus hombres aún con vida, según quedó asentado en el expediente. Y entonces lo tomó por su cuenta: lo levantó y lo azotó contra el piso mientras lo interrogaba a gritos. “¡Quién eres, quién te mandó, quién me mandó matar, quién te contrató, cómo entraste!”, le exigía, una y otra vez, golpeándolo cada vez que callaba. Sus propios escoltas tuvieron que contenerlo para que se detuviera.
Más tarde las autoridades federales revelaron que el sicario se llamaba Alejandro Ramírez Báez, alias El Chicote, quien no soltó ningún nombre esa madrugada.
Según el expediente judicial de aquella noche, 15 minutos después de los primeros disparos llegaron refuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y, media hora más tarde, el agente del Ministerio Público.
Millán, su escolta herido en el hombro y el suboficial baleado en la pierna abordaron la ambulancia por su propio pie. En el patio de la casa quedaron 28 casquillos y proyectiles de al menos tres calibres distintos, además de un par de guantes de látex y una segunda pistola con silenciador, escondida entre los arbustos.
Más tarde, según el testimonio de Enrique Villarreal Barragán en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, Édgar Eusebio Millán Gómez trabajaba para la facción del Cártel de Sinaloa que operaban Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. La mañana del 9 de mayo de 2008 su cuerpo recibió honores de Estado ante la presencia del presidente de México, Felipe Calderón. El comisionado interino era uno de los operadores más cercanos a esa guerra.
Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a expedientes judiciales de la causa penal 310/2024, testimonios judiciales públicos y archivos olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como este revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.
Descartaron el robo desde el primer día
El dictamen de criminalística de campo, incorporado después al expediente judicial, descartó desde el principio el robo. El peritaje sobre la cerrajería de la vivienda determinó que el agresor había entrado con dos llaves que traía consigo: una abría el zaguán de acceso al conjunto habitacional y la otra, la puerta de la casa donde vivía Millán. Ningún forcejeo en la chapa.
Para los jueces que más tarde revisarían el caso, ese solo hecho bastó para acreditar premeditación, alevosía y ventaja: el atacante llevaba dos pistolas, una con silenciador para hacer el menor ruido posible, y guantes de látex para no dejar huellas. Había tenido tiempo de sobra para “reflexionar y meditar la forma y medios” de la ejecución, determinó el tribunal. Millán, en cambio, no tuvo ninguna oportunidad: regresaba de trabajar, abría la puerta de su casa para descansar y ahí lo esperaban.
Según información publicada por el semanario Proceso, la investigación avanzó rápido esos primeros días de mayo de 2008. La Policía Federal detuvo a cinco personas relacionadas con el crimen, entre ellas dos mujeres. La policía encontró que quien había planeado el asesinato era José Antonio Martín Montes Garfias, un agente de la Policía Federal Preventiva con licencia médica, adscrito a la plaza de Sinaloa, que según los investigadores mantenía contacto directo con la organización de los hermanos Beltrán Leyva. El comandante que dirigió la coordinación antidrogas de la corporación, Gerardo Garay, lo confirmó él mismo en una conferencia de prensa: fue un policía federal quien armó el operativo para matar a otro policía federal por encargo del crimen organizado.
Según fuentes públicas, Édgar Eusebio Millán Gómez nació en la Ciudad de México en 1967. Estudió Derecho en la Universidad del Valle de México, ya egresado entró al Centro de Investigación y Seguridad Nacional como agente investigador.
En 2001 se sumó a la entonces recién creada Agencia Federal de Investigación, donde llegó a dirigir el área de secuestros. Entre 2006 y 2007 ocupó la dirección de Despliegue Regional Policial de la corporación, antes de pasar a la Policía Federal Preventiva. Para 2008 era coordinador general de Seguridad Regional y Proximidad Social de la Policía Federal y, desde marzo de ese año, comisionado interino de la corporación completa, tras el ascenso de su superior directo a una subsecretaría.
En los hechos, era el tercer hombre más poderoso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que encabezaba Genaro García Luna, detrás de Luis Cárdenas Palomino. Según coinciden distintas reconstrucciones periodísticas del entorno de García Luna, era su amigo personal.
Pero el semanario Proceso documentó que Millán realmente tenía nexos con estructuras del crimen organizado, en particular con la red que operaba bajo el mando de su propio mentor. Y en 2023, durante el juicio contra Genaro García Luna en una corte de Nueva York, Sergio Villarreal Barragán, El Grande –excapo del Cártel de Sinaloa convertido en testigo protegido–, declaró que García Luna estaba en la nómina del cártel desde 2001, que recibía sobornos de entre uno y un millón y medio de dólares mensuales pagados directamente por Arturo Beltrán Leyva.
Esos pagos continuaron hasta la muerte de El Barbas en 2009. En ese mismo testimonio dijo que Millán trabajaba para el cártel, específicamente para la facción que operaban El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada.
Al día siguiente, en su segunda jornada en el estrado, Villarreal Barragán confirmó que habían sido ellos quienes lo habían matado: “Conseguimos las llaves de la casa de Édgar Millán y un pistolero lo esperó dentro y lo mató”.
Según la periodista Anabel Hernández, además Millán habría sustraído un reloj de gran valor perteneciente a Arturo Beltrán Leyva: una pieza con más de 400 diamantes incrustados, valuada en medio millón de dólares, que la entonces Procuraduría General de la República aseguró el 28 de marzo de 2008 en un operativo contra una de las casas de El Barbas y que nunca apareció reportada entre los objetos decomisados.
La guerra que separó al ‘Chapo’ y a los Beltrán Leyva
A finales de 2007, la alianza que durante años había unido a los Beltrán Leyva con El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada bajo la llamada Federación, se rompió. El 21 de enero de 2008 cayó Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, detenido por el Ejército en Culiacán en un operativo que, según la versión que circuló entre los propios capos, lo había facilitado el propio Chapo para deshacerse de él.
La historia que corrió durante años en el entorno del narcotraficante fue que a Alfredo lo delataron con la promesa de un regalo: un reloj que en realidad marcaba su ubicación exacta para la captura.
Genaro García Luna habría tomado partido por El Chapo y El Mayo en la ruptura. Arturo Beltrán Leyva, que hasta entonces había sido su aliado, quedó del otro lado. Por eso El Barbas decidió cobrarse cuentas con la estructura policial que consideraba traidora y que respondía a El Chapo.
Édgar Millán no fue el primero en pagar. Una semana antes había sido asesinado Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la Policía Federal. La propia noche de su muerte, el 8 de mayo de 2008, Millán venía de encabezar horas antes, un operativo contra integrantes del cártel de los Beltrán Leyva en Morelos, donde se había logrado la captura de nueve presuntos sicarios. El Barbas moriría unos meses después, en diciembre de 2009, en un operativo de la Marina en Cuernavaca.
En 2011, un juez federal en Jalisco sentenció a Alejandro Ramírez Báez a 60 años de prisión por homicidio calificado, en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Un segundo hombre recibió un año de prisión por posesión de armas.
Sin embargo, la causa penal se repuso años después y volvió a juzgarse: en mayo de 2026, un juzgado federal con sede en Puente Grande, Jalisco, dictó una nueva sentencia, esta vez de 30 años por el homicidio calificado, con penas adicionales por la tentativa y la portación de arma que en conjunto superaban los 70 años, ajustadas después al máximo legal.
Esa segunda sentencia reveló que la declaración ministerial del propio Ramírez Báez, obtenida días después de su detención, fue invalidada por el tribunal al acreditarse que había sido arrancada bajo tortura. Los dictámenes periciales practicados durante el proceso resultaron, según el propio fallo, “consistentes con el alegato de tortura”.
GSC/ASG