Dado el incremento de migrantes que se registra en Nuevo León, la Facultad de Derecho y Criminología (Facdyc) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Nacional de Migración (INM), y la Secretaría de Desarrollo Social estatal, firmaron una carta intención de colaboración para apoyar con asesoría jurídica gratuita a este sector que vive en situación de vulnerabilidad.
Además, con este convenio se busca ayudar también en la parte económica que representan para el extranjero en el país los trámites que requiere realizar ante el Instituto.
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Cabe destacar que la firma, que se llevó a cabo en la sala Héctor S. Maldonado en el edificio de posgrado de la Facdyc, corrió a cargo del director de la Facdyc, Oscar P. Lugo Serrato, del delegado del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, Daniel Torres Cantú, y del secretario de Desarrollo Social del estado, Genaro Alanís de la Fuente.
“Nosotros damos asesoría jurídica gratuita a migrantes que requieran hacer trámites ante el Instituto Nacional de Migración, que por sus condiciones de vulnerabilidad no cuentan con recursos necesarios para contratar un abogado.
“Entonces la idea es que a través de la Clínica Migratoria de la facultad, donde participan maestros y alumnos, se les dé esa asesoría; el INM nos ayuda a capacitar a los alumnos, nos facilita las ventanillas para trámites, y la Secretaría de Desarrollo Social nos hace contacto con todos los albergues y ellos nos los canalizan a nosotros”, explicó Lugo Serrato.
Por su parte, el delegado del INM detalló que son más de 20 trámites los que existen en ese instituto, algunos con costo de hasta 6 mil pesos, y la intención es que Desarrollo Social los apoye para definir a quiénes de los migrantes se les puede exentar el pago.
“Cada uno de los trámites ronda hasta los 6 mil pesos de pago de derechos, y en este convenio de colaboración que estamos firmando el día de hoy buscamos que la Secretaría de Desarrollo Social nos apoye con estudios socioeconómicos para que el Instituto pueda exentar de los pagos a aquellos extranjeros que lo necesiten por su condición económica.
“Pero la parte que hace la facultad es fundamental, porque normalmente un extranjero que desea regularizar su situación migratoria tiene que recurrir a un despacho especializado en temas migratorios o a un gestor, y ahí sí ronda lo que cobran de honorarios de 2 mil hasta 20 o 30 mil pesos”, precisó Torres Cantú.
Mientras que el secretario de Desarrollo Social puntualizó que, a pesar de la oposición que existe de algunos sectores de la sociedad en cuanto al apoyo que se brinda a este grupo social, la atención se debe dar, además de una cuestión humanitaria, por un aspecto de paz y seguridad.
“El Gobierno del Estado ha sido muy solidario para atender y resolver temas que al migrante le hagan falta, porque sabemos la consecuencia cuando no se atiende.
“Y hemos tenido en contra nuestra a algunos sectores de la sociedad que dicen ‘oye, ¿y por qué los atienden?, deberían de rechazarlos’, y esto y lo otro, pero se vuelve un problema social y una consecuencia después de hasta delincuencia”, destacó Alanís de la Fuente.