Fuerzas federales asumieron las labores de seguridad pública en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec donde, al mismo tiempo, el Ejército inició una revisión de armamento, municiones y lista de elementos de las corporaciones.
Desde muy temprano, ayer integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzaron de forma simultánea un censo de armas y personal policiaco, con el fin de conocer el estado de las corporaciones, pero también para identificar actividades ilícitas e infiltraciones criminales, informaron autoridades.
Las acciones se dan, luego de la aparición de mantas supuestamente atribuibles a la delincuencia organizada, en las que se exponen nombres de comandantes y policías de los tres municipios, quienes presuntamente trabajan para los criminales.
“El objetivo de llevar a cabo estas actividades de supervisión es fortalecer a las policías de estos municipios y ofrecer a la población fuerzas de seguridad confiables”, destacó un comunicado del gobierno de Morelos.
En el texto también se establece que la acción coordinada se efectúa “con base en las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a personal de la Secretaría de la Defensa para realizar una revisión extraordinaria de armamento, municiones y lista de los elementos que se encuentran inscritos en la licencia de portación colectiva de armas de fuego en los municipios de Yautepec, Jiutepec y Yautepec”.
Aunque no se especifica cuántos días durará la operación en los municipios referidos, el comunicado agrega que la revisión militar a las corporaciones incluyen los equipos policial y de radiocomunicación de las comandancias.
“Es importante destacar que en tanto se desarrollan estas actividades administrativas, la Guardia Nacional destacamentada en el Estado de Morelos (Sedena, Policía Federal y CES) asumirá las funciones de seguridad pública en los municipios a inspeccionar”, concluye el comunicado.
AVANZA INVESTIGACIÓN
María Fernanda Toledo, la joven universitaria que fue plagiada el pasado 13 de diciembre y que su cadáver fue localizado 11 días después, nunca permaneció secuestrada, sino que fue asesinada desde el primer momento.
De acuerdo con la investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, pese a que la familia recibió llamadas de los captores, que configuraba un secuestro, la realidad es que la estudiante de medicina de 19 años ya había sido ejecutada.
Según la Fiscalía de Morelos, los exámenes practicados al cuerpo de María Fernanda indican que ella fue asesinada poco tiempo después de haber sido privada de su libertad que no estuvo plagiada durante días.
María Fernanda Toledo, hija del director de la Facultad de Derecho de la UAEM, Rubén Toledo Orihuela, fue secuestrada en Cuernavaca el 13 de diciembre pasado, y su cuerpo localizado 11 días después en en el municipio de Yautepec.
Sin embargo, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro ordenó exámenes de ADN para certificar la identidad, que se concretó el viernes pasado.
La investigación han propiciado la detención de dos sujetos, uno cercano a la víctima y quien sería el principal responsable tanto del plagio como del asesinato, y de engañar a la familia, pues estaba consciente de que María Fernanda ya estaba muerta.
La tarde de este viernes, un juez de control ordenó la prisión preventiva y la vinculación a proceso de Francisco “N” y Edgar Israel “N”, como responsables directos de los hechos, no obstante no se ha revelado cuáles son los elementos con que cuenta la autoridad para señalarlos.
EN CIFRAS
613 homicidios dolosos se registraron en la entidad hasta noviembre, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
161 casos se registraron en las tres localidades del estado donde las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad pública.
34 asesinatos corresponden a Yautepec, el municipio con las cifras más bajas, seguido de Jiutepec, con 40, y Cuernavaca, con 87.
Y ADEMÁS
PIDEN CONTACTAR A PERIODISTA CHILENO
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que buscan hacer contacto con el periodista chileno Nicolás Ríos, quien ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos CNN Chile, y quien aseguró que la noche del viernes en Playa del Carmen, Quintana Roo, fuerzas federales le plantaron evidencia y le exigieron 5 mil pesos para dejarlo en libertad.
En su cuenta de twitter @Alfonso Durazo mencionó que se hacen las gestiones necesarias para comunicarse con el informador para iniciar con la investigación correspondiente.