Este martes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que se conoce como “Ley Ingrid”, para sancionar penalmente a la persona servidora pública que difunda información o documentos del lugar o los hechos del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal.
“Con el objeto de tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por la indebida distribución de imágenes fotográficas o video de investigaciones vinculadas con hechos delictivos, el pleno aprueba las modificaciones al art. 293 del Código Penal local.”, mencionó el Congreso a través de su cuenta de Twitter.
De acuerdo con el dictamen, “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de 500 mil Unidades de Medida y actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.
Asimismo precisaron que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunde es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; ya sea tratándose de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, las circunstancias de su muerte, las lesiones o el estado de salud de la víctima.
“El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea”, detalló el dictamen.
¿Qué es la Ley Ingrid?
A raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla en febrero del 2020 y luego de que fotografías post mortem de ella salieran a la luz pública, se propuso la creación de la Ley Ingrid, la cual fue presentada por la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, y cuyo objetivo es castigar la filtración de expedientes de la Fiscalía con penas de dos a ocho años de prisión.
De acuerdo con la iniciativa, esta ley busca combatir la violencia mediática de género y proteger los derechos de las víctimas.
FS