Organizaciones sociales de todo el país, además de países Centroamericanos, hicieron un llamado a los gobiernos de América Latina a preservar los derechos de la mujer poniendo énfasis en el personal femenino que trabaja en hospitales en estos momentos de la pandemia del coronavirus.
Denuncian que en los países de la región, existe “desabasto en hospitales públicos y privados, por lo que el personal médico, del cual más del 70 por ciento son mujeres, operan en situaciones de vulnerabilidad frente al covid”.
Hacen un llamado a poner un alto a la violencia, contra las mujeres defensoras del territorio “pues los mega proyectos no paran, y en algunos casos se está facilitando su entrada a los territorios”.
Entre los firmantes mexicanos se encuentran Red Agenda 2030 MX, Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Red de Inteligencia CO+MÚN, Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario de México; Confederación Patronal de la República Mexicana y Observatorio Ciudadano de Tizayuca, Hidalgo.
Además del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, Ecuador; Japiqay, memoria y ciudadanía AC. de Perú, Asociación pro Construcción Ciudadana y Orden Normativo (ACCIÓN) de El Salvador y Article19 Oficina México y Centroamérica, entre otros muchos.
Las alrededor de 80 firmas, entre organizaciones y personas en lo particular, hacen un llamado a los gobiernos nacionales y locales “para que se legisle y se hagan políticas públicas que protejan a aquellas mujeres que alerten o expongan los daños, abusos y faltas graves de corrupción y violaciones a derechos humanos”.
Todo ello en el marco “de la crisis causado por la pandemia covid-19”.
Refieren que en el continente americano “no existen sistemas jurídicos con una normativa que proteja de forma efectiva a personas alertadoras y mucho menos se considera una intersección de género”.
Entre las cinco líneas de recomendación a los gobiernos de la región, está el de “aumentar la participación efectiva de las mujeres en las mesas de toma de decisiones para el combate a la corrupción y violaciones graves a derechos humanos, para responder a la pandemia mundial causada por covid-19”.
AE