El Tribunal Electoral prevé aprobar tres sentencias definitivas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber cometido ilícitos electorales al intervenir en las elecciones y por lo tanto, haber generado inequidad con uso indebido de recursos públicos, mediante tres conferencias ‘mañaneras’ en plena campaña.
MILENIO tiene copia de los tres proyectos que se resolverán este miércoles en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre impugnaciones del presidente López Obrador y que implican a otros funcionarios públicos como la canciller Alicia Bárcena; el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
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El primer proyecto elaborado por el magistrado Felipe Fuentes se refiere a la 'mañanera' del 21 de marzo, y dos más a cargo de la magistrada presidenta, Mónica Soto, son sobre las conferencias del 22 de marzo y del 12 de abril.
En los tres se propone confirmar en definitiva, la sentencia previa de la Sala Regional Especializada del TEPJF que determinó que Presidente violó la Constitución al incumplir con sus deberes de garantizar imparcialidad, neutralidad y equidad en el proceso electoral federal y la elección de Veracruz; que difundió propaganda gubernamental en tiempo prohibido buscando exaltar sus logros de gobierno, promesas y acciones a futuro lo que pudo influir en el electorado; y que para esto, usó indebidamente recursos públicos.
En el primer caso del 21 de marzo, la sentencia implica a la canciller Alicia Bárcena porque junto con el Presidente promovió acciones del gobierno federal en materia de migración, que no es un tema que esté permitido en el proceso electoral.
En este proyecto, el magistrado Fuentes Barrera sólo propone revocar la decisión de la Sala Especializada referente a que el presidente incumplió la medida cautelar del INE por tardarse unas horas del tiempo límite para eliminar esa 'mañanera', pero los ilícitos electorales quedan intactos, a pesar de que en su impugnación López Obrador alegó que sólo respondió a preguntas expresas de un periodista que son parte de la libertad de expresión.
En el segundo caso, de la conferencia matutina del 22 de marzo desde Veracruz, la magistrada Mónica Soto retoma todas las expresiones del Presidente, que incluso dio su respaldo a la entonces candidata de Morena a la gubernatura de esa entidad, Rocío Nahle, al ser cuestionado sobre los señalamientos por diferentes propiedades que adquirió como funcionaria del gobierno federal.
“Le quieren hacer el mal, por la temporada pero me consta que esa persona es honesta. Como yo soy de aquí, no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron”, dijo el presidente.
Y comparó los gobiernos anteriores con el actual de Cuitláhuac García, quien a su vez, se sumó enlistando programas sociales que el gobierno de Morena ha impulsado en esa entidad y señaló que con estas acciones “a nuestros adversarios neoliberales y conservadores se les revuelve el estómago de coraje”.
Por lo que queda totalmente acreditado que el Presidente de la República violó su deber de imparcialidad, usó indebidamente recursos públicos para influir en la contienda y difundió propaganda gubernamental en tiempo prohibido.
Mientras que en el último caso, de la conferencia del 12 de abril, se acreditó vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, difusión de propaganda gubernamental y uso indebido de recursos públicos, al hablar de sus propuestas de reforma, de acciones y logros de su gobierno en tema de pensiones, desarrollo económico, compromisos cumplidos como hospitales y próximos apoyos.
El Presidente alegó que no puede ser inscrito en el catálogo de servidores públicos sancionados por ilícitos electorales porque es “una medida desproporcionada, excesiva, estigmatizante o discriminatoria que afecte el honor, la dignidad o la privacidad”, lo que también se declara inoperante e infundado.
Esto, porque el Tribunal Electoral ha señalado en varias ocasiones, que este catálogo es una mera herramienta de transparencia sobre la labor de la Sala Especializada, sin que impliqué por sí misma una sanción.
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Estos tres proyectos serán sometidos a votación de sesión pública este miércoles en la Sala Superior, y forman parte de las más de 400 denuncias que la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez pide al TEPJF resolver antes de determinar la validez de la elección presidencial.
Apenas este martes, el Presidente impugnó la más reciente sentencia de la Sala Regional Especializada que acreditó por primera vez, el ilícito de uso indebido de programas sociales para coacción del voto, con lo que habría presionado al electorado y condicionado la continuidad de los apoyos de su gobierno a cambio del voto a favor de Morena para lograr el llamado 'Plan C'.
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