En 2021, la institución presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La ministra Norma Lucía Piña señaló que el padrón "impone una afectación a los derechos humanos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales y sensibles que no resulta razonable ni justificada".

El proyecto de sentencia que será discutido en el Pleno del máximo tribunal del país la semana entrante.

La ministra encargada de elaborar el proyecto de sentencia argumentó que existe un plazo de dos años para la entrada en vigor del padrón, por lo que no pueden ser suspendidos los efectos de algo que no está en operación.

En su demanda, el IFT argumentó que la inversión inicial para el Panaut requeriría de 109 millones 864 mil pesos, más otros 88 millones 584 mil pesos para su operación anual.

Este recurso de reclamación interpuesto por Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico, fue turnado anoche a otro ministro para su análisis y resolución.

Detalló que, con la implementación del Panaut existe una inminente afectación presupuestaria que puede poner en peligro la autonomía constitucional del Instituto.

La Corte sólo publicó una parte del acuerdo de admisión, por lo que todavía no se conocen los alcances; el IFT argumentó que le costará más de 88 millones 584 mil pesos anuales mantener el padrón en funcionamiento.

Recabar más datos como se hará en nuestro país a través del Panaut, no es la justificación adecuada para el combate a la delincuencia, aseveró el organismo.

Los ministros de la SCJN aún no admiten a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por la minoría del Senado y por el INAI.