Impulsada por el diputado de Morena Arturo Pérez Negrón, la reforma a la Ley General de Salud, por la que el gobierno federal podrá disponer de hasta 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar durante 2021, levantó sospechas y críticas entre activistas y organizaciones encargadas de luchar por los derechos de las personas con VIH. ¿El motivo? Con los recursos de dicho fondo se cubren actualmente enfermedades de alto costo, entre ellas no sólo el VIH, sino también el cáncer, cuidados neonatales y enfermedades cerebrovasculares, entre otras.
Se trata de “una afrenta simbólica a un recurso que estaba etiquetado para salud, que se consideraba como una victoria ganada para la política pública en materia de VIH”, comenta a MILENIO Daniel García, especialista en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Iberoamericana, quien subraya que “antes de que existiera el Fondo de Gastos Catastróficos (antecesor del Fondo de Salud para el Bienestar), el dinero que México designaba era muy limitado; los medicamentos para personas con VIH los recibían únicamente aquellas que contaban con seguridad social, lo que dejaba excluidas a miles de personas que básicamente lo que tenían que hacer era esperar a morir”.
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Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma, activistas y organizaciones externaron su preocupación, primero en redes sociales y posteriormente frente al Senado (donde sería discutida más adelante). Sin embargo, alrededor de la iniciativa hubo puntos encontrados, pues algunas personas con VIH expusieron que la modificación a los artículos 77 bis 17 y 77 bis 29 de la Ley General de Salud no suponían un riesgo para garantizar el suministro de medicamentos o antirretrovirales.
Sobre ello, explica el responsable de Comunicación social de la organización Inspira Cambio., Aldahir Jiménez, que más allá de garantizar medicamentos contra VIH, la preocupación por parte de activistas responde a “saber en qué se va a utilizar ese recurso; si bien la iniciativa dice que no va a desaparecer el fondo, sino que se transforma, en el dictamen de esta propuesta no se especifica a dónde se iba a ir ese dinero, sólo se menciona que se regresaría a Hacienda o Insabi para que se utilice en términos de salud”.
La reforma, apunta Daniel García, además de haber sido discutida de manera exprés (se presentó el día 20 de octubre, el 28 ya estaba dictaminada a favor y fue votada en Diputados al día siguiente) presenta inconsistencias en términos jurídicos:
“No hay un análisis pormenorizado de la operación del fondo, no se analiza cómo funciona, qué beneficios se han derivado de él; tampoco analiza de forma diferenciada qué gastos o qué dinero se utiliza para VIH, para cáncer, sino que lo engloba todo en una bolsa y, sobre todo, no establece garantías de que el dinero que se va a transferir a tesorería vaya a ser utilizado para comprar vacunas o medicamentos contra el covid; el problema no es tanto el uso del dinero sino la garantía y los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que van a utilizarse para garantizar que el dinero cumpla con esos objetivos”.
La lucha contra el covid-19 y la adquisición de medicamentos y vacunas para contrarrestar la enfermedad fueron parte medular de los argumentos con que se impulsó la reforma a la Ley General de Salud. Sin embargo, García apunta que si lo que se quería “era comprar vacunas y adquirir medicamentos vinculados con el covid-19, lo que los diputados pudieron haber hecho era simplemente señalar que el covid-19 era una enfermedad que genera gastos catastróficos y entonces permitir que las vacunas y los medicamentos se compraran con este fondo, sin necesidad de transferir los recursos a tesorería”.
La preocupación por el posible uso discrecional de los recursos provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar para gastos ajenos a la materia fue expuesta por activistas y organizaciones a senadores y senadoras. Durante la reunión celebrada el jueves 29, “la senadora Martha Lucía Micher dijo que el presupuesto salía etiquetado del fondo y que no se tocaría para otras cosas”, recuerda Aldahir Jiménez, “pero ya leyendo el dictamen que se votó, sí abre la puerta para el uso discrecional de los recursos”.
El destino que tendrán los recursos es también lo que interesa a Alaín Pinzón, miembro del Consejo Ciudadano para VIH de la Ciudad de México, quien reconoce haber estado consciente de que el suministro de antirretrovirales para personas con VIH está garantizado. “Sabíamos que ni los medicamentos ni la atención en el Insabi estaban en riesgo, porque los medicamentos son por medio de una compra multianual (...) es un dinero que está ya en el presupuesto federal, que ya se está gastando, y que va a venir presupuestado para el siguiente ejercicio”, reconoce Pinzón. “Nuestra idea era primero que se lograra el etiquetamiento de los recursos para temas de salud y segundo, que por medio del dinero que se va a sacar del fondo, se amplíe la cobertura de personas que vivimos con VIH, que no nos atendemos en seguro social”.
Tras la reunión que sostuvieron activistas y senadores, la noche de ese mismo jueves 29, los senadores aprobaron la Ley de Ingresos 2021, con un artículo transitorio en el que se establece la disposición de los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.
“Lo que se discutió en Diputados fue una propuesta de reforma a la Ley General de Salud, ese dictamen tenía que pasar a Senado, pero nunca se discutió porque no hubo quórum, así que se enfocaron en la Ley de Ingresos y en un transitorio establecieron que los 33 mil millones de pesos serán retirados del Fondo del Bienestar para pasar a temas de salud, lo cual es más grave, porque lo que están haciendo es generar de facto una reforma a la Ley General de Salud mediante un transitorio a una Ley de Ingresos; están modificando todo un fondo mediante un transitorio de una ley que dura solamente un año porque sólo rige para el presupuesto de 2021”, explica Daniel García.
A pesar de las inconsistencias en términos jurídicos, lo exprés de la aprobación y mantener aún el recelo sobre el posible uso discrecional de los recursos, activistas en pro de los derechos de las personas con VIH sostendrán una reunión este martes con la directora de Censida, Alethse De la Torre, y con el Coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, para continuar un diálogo que posibilite la cobertura integral para personas con VIH. “Cuando hablamos de insumos también estamos hablando de condones, lubricantes, pruebas de VIH, Sífilis, Hepatitis C”, comenta Aldahir Jiménez, quien subraya que a pesar del discurso oficial (el cual sostiene que hay abasto de todos estos materiales), activistas de los estados de la República desmintieron la versión durante la reunión en el Senado.
“En Insabi quizá no sea tan común, pero del IMSS o el ISSSTE o Capasits de Censida de repente nos llegan a solicitar medicamentos (en Inspira Cambio); para temas de prevención otro de los temas que nos comentan sobre todo compañeras y compañeros trabajadores sexuales es que van a las instituciones de salud y no hay condones, no hay insumos”, expone Jiménez.
Aunque para García la disposición de los recursos del Fondo del Bienestar es un “mensaje desafortunado y una decisión que se tomó a la ligera, sin consideración de los grupos afectados”, Jiménez sostiene la esperanza de que a partir de la reunión de mañana, puedan “trabajar de manera articulada para que entonces sí se garantice la atención integral para las personas con VIH”.
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Láurel Miranda es una mujer trans, periodista, licenciada en Ciencias de la comunicación y egresada en Historia del arte por la UNAM. Se desempeña actualmente en el área digital de Grupo MILENIO como SEO manager; además, es profesora de periodismo multimedia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ama a su madre, sus gatos y el chocolate caliente.