La conversión de estos créditos mediante el programa de Responsabilidad Compartida también implicó el otorgamiento de descuentos al saldo por más de 61 mil millones de pesos.
Las comunidades pudieron establecer un diálogo interno y expresar sus posiciones en torno a los impactos de las granjas porcícolas instaladas en la zona.
Señalaron que la atención efectiva de las graves violaciones de derechos en México necesita el compromiso de todas las autoridades, incluidas las judiciales.
El organismo espera implementar acciones para fortalecer la educación alimentaria y nutricional, como preparar comidas saludables con alimentos frescos y nutritivos.