De la polémica por los diez decretos presidenciales del pasado 6 de junio, que cancelan vedas en 300 cuencas hidrográficas de México, algunos datos comprobables: uno, no se trata de una privatización del agua, aunque abre una porción minoritaria del recurso a nuevas concesiones; dos, establece por primera vez los caudales ecológicos y los mide asociados a los recursos bióticos; tres, si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no se desempeña responsablemente en su aplicación, serán letra muerta.
Esto es parte de las conclusiones del investigador de la UdeG, Luis Manuel Martínez, adscrito al Centro Universitario de la Costa Sur, responsable por casi 30 años del monitoreo del río Ayuquila, y que participó, junto a otros colegas de la misma casa de estudios y de la UNAM, en el estudio y modelación de tres cuencas costeras de Jalisco que entran en el decreto presidencial: los ríos Purificación, Cuitzmala y San Nicolás, justamente para determinar sus caudales ecológicos.
“Estos procesos de reserva de agua empezaron en 2009 con la WWF (Fondo Mundial de la Naturaleza, por sus siglas en inglés); primero en Chihuahua, luego en diversas cuencas piloto, lo que dio como fruto la norma mexicana NMX-AA-159-SCFI-2012, de 2012, que todavía no es obligatoria, pero se aplicó en estos estudios en los que participé […] la WWF identificó, 189 cuencas en el país, analizó cuáles son las que tienen agua disponible, la que tiene áreas naturales protegidas e importantes valores de biodiversidad; la estrategia de WWF era hacer estudios detallados, basado en la norma, con indicadores biológicos […] a lo hidrológico se incluyen peces, plantas acuáticas, invertebrados, el sostén biológico del río; nosotros hicimos con ellos los ríos Cuitzmala, San Nicolás y Purificación, con métodos muy detallados para determinar el caudal para mantener ese funcionamiento vital; también se reservó el uso del agua potable. La Conagua buscaba levantar las vedas y utilizó el parámetro de conservación y el caudal ambiental para levantar las vedas; ciertamente eso no es privatizar, sino concesionar, y ciertamente pueden ser por 35 a 50 años”, explica. En el pasado se llegaron a dar concesiones de un siglo. No es pues, usar herramientas distintas a las que ya se tienen.
No obstante, el científico alerta: la Conagua no tiene la capacidad en personal ni en infraestructura para vigilar que efectivamente se cumplan los supuestos de los decretos. Es decir, ¿quién va a garantizar que se respete el agua reservada para caudal ecológico?
“Una vez que queda abierta la veda y hay agua disponible, cualquier individuo o empresa puede meter una solicitud; el riesgo es que las grandes empresas meten volúmenes grandes, habiendo disponibilidad, y es difícil que se las puedan negar”, advierte.
El académico señala que la precariedad de datos que maneja la Conagua, que abandonó desde hace décadas el fortalecimiento de su red de hidrometría, no ayuda a saber si ha sido una decisión sensata. “A mí me sorprendió que se terminaran hasta 300 cuencas de 189 originales, pero de forma directa, la WWF se encargó de unas pocas, a nivel detallado, quizás unas quince; el resto fue realizado por la Conagua, muchas veces en escritorio, con análisis hidrológicos que tenían, sin necesariamente tomar en cuenta condiciones naturales; ellos ya no salen a muestrear y ver las condiciones”.
Otro de los problemas es que “las reservas de agua identificadas ahorita es por volúmenes”, y si no se establece una distribución mensual natural, puede ser que en las secas lo estresen los agricultores y en las aguas lo pretendan compensar, lo que hace perder sentido a contar con un caudal ecológico. Y si la Conagua, que es juez y parte, no tiene personal, lo sensato pasaría por fortalecer a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) para que se encargue de la vigilancia, lo que no está previsto.
“Entonces se van a quedar en el papel las reservas de agua, como agua que no se concesiona, pero no tiene el siguiente paso que asegure que esa agua se quede en el río […] en lluvias puede haber hasta 500 metros cúbicos por segundo en el río, pero el río tiene problemas en las secas. No se trata de darle agua si naturalmente no trae, pero no de quitársela de forma inducida por los usos”, insiste.
Para el río Ayuquila, cuyo decreto no ha sido publicado, el investigador ha propuesto un reglamento que debe asegurar la reserva de agua y su vigilancia. En el caso del río San Nicolás, el más caudaloso de la costa central, tiene casi 70 por ciento de su agua como reservada, y los caudales de Cuitzmala que se reservaron son altos; en el caso del Purificación, que está más presionado, se reservó al menos 40 por ciento.
“En la parte baja tenemos los sitios Ramsar: Chalacatepec, Chamela-Cuixmala, La Manzanilla”, y requieren ese flujo permanente. Pero se hace trampa de muchos modos: en el Purificación meten bombas y secan la corriente completamente para uso agrícola; en el caso de San Nicolás, se pretende abastecer el megadesarrollo de Chalacatepec de una batería de pozos cercana a la corriente, pero “es tan pegada, que evidentemente aprovecha el agua del mismo río por abajo”, aunque se respalde con una concesión de agua subterránea.
De hecho, el agua subterránea es la que mantiene el flujo de los ríos en tiempos en que no llueve. Eso hace pensar al experto que deberían haberse ligado. También destaca que el caudal disponible es corto y que si se va a reservar las reservas de agua, no deberían otorgarse muchos volúmenes en nuevas concesiones.
Para Luis Manuel Martínez, el éxito de los decretos pasa por acotar a la Conagua para que deje de ser “juez y parte”; que la Profepa se fortalezca y vigile el cumplimiento de las concesiones; que se modernice de forma urgente la hidrometría y que se establezcan reglamentos claros. Esta de acuerdo con una nueva Ley General de Aguas, pero con límites: “no todo se puede ciudadanizar, se necesita que el gobierno federal mantenga el papel rector, pero de forma más eficiente, para que no sean letra muerta estos decretos”.
SRN