El Congreso de México aprobó la reforma que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una modificación constitucional y legal que se implementará de manera gradual en los próximos años. La medida, impulsada como parte de una actualización del modelo laboral, establece que la reducción no implicará disminución salarial ni pérdida de prestaciones para los trabajadores formales.
La iniciativa busca mejorar la calidad de vida y equilibrar el tiempo entre trabajo y vida personal en un país que figura entre los que más horas trabajan al año dentro de la OCDE. Sin embargo, su aplicación dependerá de reglamentos específicos, supervisión laboral y ajustes en los distintos sectores productivos.
La reforma impactará principalmente a empleados formales bajo contrato, en un contexto donde más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad. Mientras el gobierno y sectores laborales defienden la medida como un avance en derechos y bienestar, algunos empresarios advierten sobre posibles aumentos en costos, reorganización de turnos y retos para pequeñas y medianas empresas.
Más allá del cambio legal, el debate de fondo es estructural: ¿reducir horas mejorará realmente la calidad de vida o el problema central sigue siendo la productividad, los salarios y la cultura laboral mexicana? La discusión no es solo técnica; es económica, social y cultural.