Han transcurrido tres años desde que Altán Redes encendió la primera antena de la Red Compartida con la que el gobierno federal esperaba conectar a 92.2% de los mexicanos en 2024. Pero los problemas financieros que actualmente atraviesa la empresa ponen en riesgo el proyecto de conectividad en el país, además de que podría afectar los planes de cobertura de varios Operadores Móviles Virtuales (OMV) “colgados” de este sistema.
Sin recursos económicos suficientes para cumplir con los compromisos de cobertura social y los objetivos comerciales, será difícil terminar con la brecha digital en el país en tres años como se había planeado, señala Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes, por lo que la empresa de telecomunicaciones pidió una extensión de cuatro años, hasta 2028, para concretar la meta de cobertura.
De acuerdo con los especialistas consultados, el problema serio de Altán Redes está en cumplir con la meta en el tiempo pactado, ya que los impactos de la pandemia en el sector telecomunicaciones, la economía que se recuperará 6% este año y la posibilidad de que no se agreguen nuevos contratos a los 83 existentes, alejarían cada vez más el objetivo de la empresa.
Los analistas se cuestionan también si es buen momento de que México replantee la Red Compartida, ya que su fracaso será un golpe a la Reforma de Telecomunicaciones de 2013 y al plan de conectividad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para Jorge Bravo, analista senior de Digital Policy & Lay, empresa especia- lizada en la estrategia de telecomunicaciones, señala que más que autorizar y extender (los plazos de cobertura) tendría que analizarse la viabilidad del proyecto en su totalidad. “Tuvo debilidades desde su concepción, principalmente porque su modelo híbrido no es rentable”.
Problemas de origen
La empresa público-privada nació durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con una vocación social, pero con identidad comercial. Elena Estavillo, directora del Centro-i para la Sociedad del Futuro, explica que a la compañía se le asignaron obligaciones de cobertura en áreas que no son rentables, lo que implica una carga financiera importante.
“Se trata de un modelo híbrido muy difícil de armar, con muchísimos requisitos por cumplir. El problema de Altán es que se está convirtiendo en un parche y no en una solución real.
La empresa ya emitió una señal de alarma para que le ayuden a generar ingresos, esto es un riesgo para sus objetivos sociales, al final quien va a pagar es el usuario”, dice Estavillo.
Los problemas financieros de Altán Redes no extrañan a los especialistas. “Ya podíamos anticiparlo. Desde hace algunos años, la empresa había estado batallando para mantener el ritmo con el que inició, quizá la señal más evidente de esta caída fue cuando hace algunos meses solicitó
ampliar sus tiempos en la cobertura”, refiere Michel Hernández, director general del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel).
Y sostiene que los problemas de administración en la empresa, el abandono en políticas de digitalización y conectividad del país, y la falta de certidumbre para las inversiones, aunado a la crisis sanitaria, profundizaron los problemas de la firma.
De acuerdo con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), la empresa registra una cobertura de 61.1% de la población, que equivale a 68.7 millones de personas. El restante 30.54%, que representa a 34.9 millones dehabitantes tendrían cobertura dentro de siete años con la propuesta que el consorcio presentó en abril.
El nuevo plan contempla mantener una cobertura de 70% entre 2021 y 2025 para después incrementarla a 85% en 2026 y a 92.2% para enero de 2028. Altán calcula llegar a 5.2 millones de usuarios este año; sin embargo, el proyecto original consideraba dar servicio a 19 millones de personas en 2021.
El ajuste es por el retraso comercial, que deja un hueco de 25,267 millones de pesos (mdp) en el financiamiento. Hoy, la empresa mexicana brinda servicio a más de 3.1 millones de clientes mensuales a través de 83 OMV, que utilizan la infraestructura 4.5G LTE bajo el espectro de 700 MHz, una banda que Altán tiene concesionada para su explotación por 20 años y que es una de las mejores para ampliar coberturas por su naturaleza de alcance.
“Siempre dije que el proyecto era una mala idea”, afirma Bravo, también presidente de la Asociación de Derecho a la Información (Amedi), y señala que la falla principal es que nunca tomó en cuenta que la naturaleza de la industria de las telecomunicaciones es intensiva en capital.
Además, se apropió una banda muy valiosa, la de 700MHz, para un solo proyecto. “Hoy está subutilizada, por lo tanto no ha cumplido su objetivo social, que es cerrar la brecha digital”, dice. El analista explica que esta banda pudo haber sido utilizada por los operadores de telecomunicaciones que hay en el mercado (AT&T, Telcel y Movistar), quienes se opusieron a que se le entregara al proyecto de la Red Compartida sin licitación.
“De haber dado un bloque a cada uno de ellos, hoy tendríamos mejor conectividad”, asegura. Por su parte, Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado en The CIU, dice que “es el espectro más importante que tenemos, sobre el cual 5G correrá de forma adecuada. Por eso, el hecho de que Altán tenga estos problemas representa un golpe para todos en general”.
Los afectados
La decisión de ampliar cuatro años la meta de cobertura de Altán afectará los objetivos de cobertura de OMV como Izzi Móvil, Bait, YoTeleco+, entre otros, que son clientes de la Red Compartida.
Actualmente 83 OMV están con Altán Redes, los cuales tendrían que modificar su plan de inversión, así como su expansión de servicios, ya que su modelo de negocio e incremento de servicios se ciñen a la cobertura de la Red Compartida.
“El riesgo es a futuro, y sin duda lo hay, porque se subieron (los OMV) pensando en los compromisos que tiene Altán de despliegue, mismos que se verán retrasados y eso afecta tanto al modelo de negocio de la propia Red como a los de los Operadores Móviles Virtuales”, dice Jorge Bravo, de Amedi.
Por su parte, Michel Hernández, de Observatel, asevera que el aplazamiento de cobertura de la red de banda ancha móvil mayorista afectará a las localidades desconectadas, principalmente los Pueblos Mágicos, en un momento en donde la integración a las TICs es prioritaria.
Además, podría afectar a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, ya que el presidente, Andrés Manuel López Obrador se apoya de la Red Compartida para lograr su objetivo de cerrar la brecha digital.
“CFE Telecom no tiene las condiciones para cubrir zonas en las que Altán no está, y si Altán no las cubre, mucho menos lo va a hacer CFE con las condiciones que tenemos hoy. Me parece que se retrasará muchísimo cualquier objetivo”, asegura el directivo de Observatel.
A esto hay que añadirle los factores externos como la incertidumbre para las inversiones en el sector y la falta de rumbo claro en materia de política digital, que terminaron por abatir a la compañía. La semana pasada, el consorcio obtuvo la autorización del Juzgado Civil de la Ciudad de México para iniciar el proceso de concurso mercantil que busca la renegociación de la deuda de Altán con sus acreedores ante la falta de liquidez y garantizar la continuidad del proyecto.
“Hemos solicitado el concurso mercantil por dos razones: para poder fondear la compañía, pues ya se había aprobado un aumento de capital hace dos meses (70 millones de dólares más para este año) que todavía no hemos podido materializar; y la segunda, con el fin garantizar la continuidad de la operación y el despliegue de cobertura social”, explica Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes.
De acuerdo con Álvarez, la deuda asciende a los 17,000 mdp con varios grupos de acreedores, como la banca de desarrollo mexicana y extranjera y proveedores de tecnología directamente vinculados al despliegue de la red, entre otros.
Actualmente, el director de Altán Redes emana confianza. Aunque sabe que es difícil predecir cuánto tiempo le tomará salir a la compañía del estado en el que se encuentra y admite que eso dependerá de su capacidad para llegar a acuerdos con los acreedores.
Por ahora, la empresa tiene que seguir generando ingresos para asegurar su recuperación, por lo que no puede cancelar ningún contrato y, de alguna forma, mantiene a los OMV vigentes en el mercado.