En el contexto de emergencia nacional, consecuencia de la violencia estructural contra las mujeres y las niñas, la responsabilidad de los medios de comunicación y las plataformas digitales está al centro del debate. Durante varias décadas, feministas académicas, activistas y profesionales de los medios de comunicación, han documentado la discriminación de género y el carácter sexista de los contenidos mediáticos, así como la violencia contra las mujeres que laboran en estos sectores.
Uno de los problemas que ha tomado dimensiones importantes en los años recientes, es la ciberviolencia contra las mujeres. El INEGI señala que nueve millones de mujeres de 12 años y más han sido víctimas de violencia en línea en México. Y aunque miles de mujeres han usado las redes sociales para denunciar haber sido víctimas de violencia sexual, a través de hashtags como "Mi Primer Acoso" o "MeToo", las respuestas de los agresores son cada vez más violentas.
De acuerdo con la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas, los nuevos medios de comunicación se han convertido en herramientas para infligir daños a mujeres y niñas. El Informe sobre Violencia Cibernética contra Mujeres y Niñas, publicado por esta Comisión en 2015, revela que casi tres cuartas partes de las mujeres han estado expuestas a algún tipo de violencia.
- Te recomendamos Darán prisión por divulgar material íntimo sin permiso Comunidad
Al mismo tiempo, y dada la precariedad de los sistemas de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres, las víctimas difícilmente se animan a denunciar: en India solamente 35% de mujeres víctimas lo hacen, con el temor de recibir represalias por parte de los agresores y de la misma sociedad que responsabiliza a las mujeres de provocarlos. Pero a lo que más temen es a que las autoridades dejen sus casos impunes.
La Comisión de Banda Ancha, en el Informe citado identificaba el hackeo, la suplantación, la vigilancia, el hostigamiento, el reclutamiento y la distribución maliciosa como formas de ciberviolencia. Más recientemente, el Parlamento Europeo (2018) elaboró una tipología fina que tomó como base las definiciones trabajadas por distintas organizaciones y entidades.
En México, 19 congresos locales han aprobado en los últimos meses modificaciones a los Códigos Penales, con el fin de sancionar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
Sin embargo, lo aprobado varía en cada entidad, y con preocupación observamos que, en algunas de ellas, como es el caso de Chihuahua, se sanciona el sexting, una práctica asociada a la libre expresión de la sexualidad, lo que denota una falta de responsabilidad por parte de quienes legislan, al no asegurar la consistencia de lo que se aprueba.
El Dato.19 congresos
locales han aprobado en los últimos meses modificaciones a los Códigos Penales, con el fin de sancionar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, en México.
Diversas organizaciones, activistas y expertas en el tema, han demostrado que si lo que se busca es sancionar penalmente, el marco normativo existente ya da suficientes recursos para judicializar casos y que lo que se requiere es un correcto funcionamiento del sistema de procuración de justicia.
Reconociendo la importancia del tema, han señalado que si se insistiera en su penalización, es preciso que el Poder Legislativo impulse un proceso abierto, participativo, donde todos los sectores involucrados puedan contribuir con opiniones, a fin de asegurar que estas reformas realmente beneficien el acceso de las víctimas a la justicia y que no suceda, como en muchos casos, que se aprueben normas que terminan favoreciendo a los agresores.
Ante la experiencia documentada de que el marco normativo no es suficiente para conminar a los sectores a cumplir con su responsabilidad en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, más de 100 medios de comunicación y plataformas digitales en México, han signado en el mes de noviembre un pacto a convocatoria de la UNAM, la UNESCO y la GAMAG (Global Alliance on Media and Gender).
Se trata de un acuerdo histórico, sin precedente, a través del cual estos sectores se comprometen a impulsar acciones concretas en dos dimensiones: contenidos y estructura laboral, y con ello demostrar que es posible realizar una comunicación libre de discriminación y violencia.