A pesar de la sentencia del campo algodonero, Ciudad Juárez y Chihuahua continúan dentro de la lista de los 15 municipios con mayor violencia feminicida en el país, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En lo que va del año, a nivel estatal han ocurrido 198 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales 43 han sido catalogados como feminicidios. La última víctima fue Abril Villarreal, de 37 años, quien murió a golpes mientras se escribía este texto.
Fue brutalmente golpeada y abandonada por hombres en la puerta principal de la Cruz Roja en la colonia Paseos de Chihuahua, al norte de la capital.
De nada sirvió hacerle reanimación cardiopulmonar, las lesiones fueron tan severas que sufrió un paro y de acuerdo a la necropsia de ley, falleció por traumatismo craneoencefálico y policontusiones.
Aunque las autoridades investigan el caso, hasta hoy se desconoce el móvil del crimen y no hay detenidos por este feminicidio.
A pesar de que Ciudad Juárez y Chihuahua concentran el mayor número de feminicidios, con 23 y 12 asesinatos de mujeres, la misoginia, el machismo y la violencia hacia las mujeres también es evidente en el resto de los municipios.
No respeta clases sociales, entornos ni edades. Este mismo año, en Cuauhtémoc, Marisol Heredia Venzor, ex secretaria de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) fue asesinada por su pareja sentimental, quien intentó burlar a las autoridades diciendo que su pareja murió atropellada.
Raúl Humberto 'N', de 67 años, se desempeñaba como funcionario federal bajo el cargo de titular regional de la Secretaría de Educación Pública, y el pasado 3 de noviembre fue detenido en el puente internacional de Tamaulipas a Texas, en un intento de salir del país.
Tras ser vinculado a proceso, las pruebas demostraron que Marisol fue asesinada el 25 de septiembre pasado y su cuerpo fue encontrado en una carretera de los campos menonitas de Cuauhtémoc.
Pero negar lo que pasa en casa es un síntoma de violencia y no es casualidad que Chihuahua haya sido el último estado que incorporó el feminicidio como un delito.
Desde su publicación el 5 de diciembre de 2020, este año se hicieron dos reformas de tipo penal.
El 10 de enero, se adiciona como circunstancia del feminicidio: “exista en favor de la víctima, una orden o medida de protección impuesta al activo” y el 15 de mayo se adicionó como circunstancia del feminicidio: “sí fuere cometido mediante el uso de ácido o sustancia corrosiva”, indicó la presidenta de la Comisión de Feminicidios en el Congreso local, Jael Arguelles.
Aunque la sentencia del caso González y otras contra México, conocido también como Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009, reconoció que el Estado Mexicano no protegió la vida de las mujeres víctimas de homicidio en razón de género, ni le garantizó el acceso a la justicia, para muchas mujeres chihuahuenses las recomendaciones que hacen organismos internacionales no les garantizan una vida libre de violencia.
“Es importante atender las recomendaciones que acaba de emitir la CEDAW nuevamente para Chihuahua, las que no se han atendido respecto a la sentencia del campo algodonero y sobre todo, decirles a las autoridades de que más allá de las estadísticas lo importante es la justicia, el respeto de los derechos humanos y mientras no se le ponga el nombre las violencias.
“Los feminicidios están presentes en todos los ámbitos y esto nos lleva a voltear a ver a las escuelas, vemos cómo estas violencias feminicidas se van encaminando y formando; son prácticas que se ejercen en todos los niveles, en todos los espacios, en el noviazgo; llevan al feminicidio como un ejercicio de poder en los ámbitos político, de todos los niveles, en el sector público o privado y las instituciones de educación no están exentas de esto”, indicó Erika Rascón de la Red de Profesoras Universitarias de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
En un estado violento y machista existe el desafío de incorporar la perspectiva de género en las aulas universitarias, a través de materias optativas como laboratorio feminista y arte, género y violencia en las facultades.
La recomendación que se hace de manera extraoficial es el no categorizar como feminicidio para lograr penas más altas; además, señalan que hay una falta de experiencia por parte de quienes imparten la ley y que se invisibilizan las violencias.
“Necesitamos cambiar el paradigma y es un reto que tenemos como sociedad, porque impartimos de manera obligatoria las materias de género, y estamos tocando fibras en un contexto de profesores acosadores o directores que tienen un historial de crecimiento profesional basado en pedir favores sexuales a las mujeres con las que trabajan”, agregó.
LG