Según la Relatoría especial sobre desapariciones forzadas presentada este lunes por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, mientras que de 2017 al 2021 de acuerdo a la información publicada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se han registrado, en promedio, 55.4 personas desaparecidas de manera anual en la entidad.
Los relatores califican estos datos de “sumamente preocupante”, pues, estadísticamente, esto representa 4.6 desapariciones por mes, “es decir, prácticamente, una por semana”; pero además, “lo más grave es que hasta antes de que haya finalizado el mes de agosto del año 2022 se han registrado 139 personas desaparecidas en la entidad, de las cuales 106 son hombres, 33 son mujeres y 7 son personas cuyo sexo es indeterminado”.
Según los hallazgos de la relatoría, esto significa que, a tan solo 8 meses del año 2022, las cifras de desaparición de personas en el Estado, se elevaron poco más de 150 por ciento en relación con el promedio de los cinco años anteriores.
En cuanto a los 10 municipios que más desapariciones tienen registradas en la entidad, éstos son Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova, Acuña, San Pedro, Allende, Matamoros, Sabinas y Francisco I. Madero.
Con la presencia de familiares de personas desaparecidas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila presentó este día la relatoría sobre este grave delito de lesa humanidad en la entidad, y aunque se aseguró que para estructurarla se integró a los colectivos existentes en el Estado, Diana Iris García, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, afirmó que nunca se enteraron del trabajo realizado hasta este día de la presentación.
“En realidad estamos sorprendidos porque no sabíamos de la relatoría, ni siquiera nos tomaron en cuenta nuestra participación, nuestro aporte, ponerlo a consideración de lo que vemos que fuera más importante”, señaló Diana Iris; “somos ocho colectivos y espero que a alguno le hayan pedido su opinión, a nosotros no, creemos que nuestra participación y nuestra voz, debería de estar ahí presente”.
Dijo que como familias reconocen el espíritu que dio origen a la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, que es defender los derechos de las víctimas y del pueblo, “sin embargo siempre el estado de Coahuila ha estado un poco coludido y ocupado por funcionarios dirigidos, no ha sido ni autónomo ni independiente, siempre ha sido cooptado por las instituciones de la administración en turno”.
La presentación se dividió en tres temas, el primero respecto de la situación de desaparición forzada en el país y sus alcances, la segunda sobre las áreas de oportunidad y la tercera respecto de las fallas en la estructura legal para brindar una adecuada procuración de justicia a las familias.
En el primer caso, el doctor Manuel Vidaurri Aréchiga, de la Universidad La Salle Bajío y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, explicó cómo se ha forjado la historia de la desaparición en el país, pasando por recomendaciones internacionales gracias a la exigencia de las familias de víctimas de desaparición, por su parte Samantha Ruiz López, relatora de Derechos Humanos para la CDHEC, destacó que la falta de datos sigue siendo el talón de Aquiles de las autoridades para mejorar la atención a las víctimas.
Finalmente, el doctor Miguel Ontiveros Alonso, perito en ciencias penales, expresó que aún queda deuda con las víctimas ya que desde el Congreso de la Unión se ha tipificado “dolosamente” el tipo penal de desaparición forzada “con la finalidad de que no haya sentencias en esta materia”.
Dijo que solo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición en el país son judicializados, y esto se debe a que no está especificada la figura de agravio de la desaparición, pero además no todas ellas terminan con condena.
cale