En Michoacán, los deudores alimentarios estarán imposibilitados para ocupar cargos de servidores públicos en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó ante el Congreso local un paquete de reformas a 13 leyes, dos códigos y 50 artículos en materia de derechos alimentarios.
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¿Cómo funcionan las reformas contra obligaciones alimentarias en Michoacán?
La iniciativa establece prohibir la ocupación de cargos públicos a personas con antecedentes de violencia de género, procesos penales, deudas alimentarias morosas o sanciones administrativas.
El mandatario explicó que la reforma también prohíbe, a quienes tengan adeudos en obligaciones alimentarias, tramitar o renovar concesiones de todo tipo, permisos o constancias de transporte, así como las licencias de conducir.
Además, establece que los jueces y magistrados estarán obligados a dar a conocer las altas y bajas del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Y, en caso de matrimonio, se deberá informar a los contrayentes si alguno de ellos es deudor alimentario.
"Materializa la lucha heroica de mujeres"
El gobernador manifestó que la iniciativa es un acto de justicia social que materializa la lucha heroica de las mujeres que por años han alzado la voz para exigir justicia, así como actualiza y reconoce el esfuerzo de décadas en la defensa de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
Por lo que, en caso de incumplimiento, podrían hacerse acreedores de tres a cinco años de prisión y una multa de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Cabe mencionar que, de acuerdo a María del Pilar Lara Alfaro, presidenta de 'Colectivas Deudores Alimentarios del Estado', son cerca de 402 mil 100 mujeres michoacanas quienes enfrentan violencia económica, patrimonial, emocional, psicológica, vicaria y física, junto con sus hijos y adolescentes que viven en el abandono paternal.
HAGU