Por: Gabriela Medina
Aurora Durán Salazar lleva más de 70 años viviendo en San José de Baviácora, un pequeño poblado en la ribera del Río Sonora, donde atiende una humilde tienda de abarrotes que se ha convertido en el sostén de su casa y cuyo producto más preciado desde hace 5 años es el agua embotellada.
Con profunda nostalgia recuerda cómo el 6 de agosto de 2014 a ella y a más de 23 mil personas les cambió la vida, cuando el río se pintó de ocre envenenado, arrasando con la tranquilidad, la salud y el patrimonio de sus familias.
Aquel día, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, se derramaron en el Arroyo Tinajas y llegaron hasta los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando siete municipios en el mayor desastre ambiental en la historia de México.
Desde entonces, la economía de los pueblos se devastó, las milpas dejaron de ser productivas, los árboles ya no daban frutos como antes, el ganado ya no era apto para la exportación, los productos regionales que formaban parte de la economía tradicional no se comercializaban tan fácilmente porque el sello Río Sonora que anteriormente era sinónimo de calidad, pasó a ser símbolo del temor y la desconfianza.
Quienes habitan la región se vieron obligados por primera vez a invertir parte de sus ingresos en la compra de agua purificada para beber y para cocinar, pues no hay certeza de que los pozos y las escasas plantas potabilizadoras que se instalaron y que se alimentan de los mismos, cumplan con los estándares para el consumo humano, como es el caso de San José.
“Hacía poquito que habían reparado el pozo (de San José de Baviácora), cuando viene el derrame y llénase el pozo de agua. Abrías la llave y salía pura agua café. Dijeron que iban a hacer un pozo nuevo pero el que estaba nomás lo pintaron y le pusieron Fideicomiso Río Sonora y ya dijeron que era el pozo que habían hecho. ¡Y eran mentiras, ya estaba hecho ese pozo!”, expresó Aurora.
En un principio, Grupo México y el gobierno federal anunciaron que construirían 38 plantas potabilizadoras, pero el compromiso se fue desvaneciendo hasta quedar en tan sólo 9 plantas, cuatro de ellas fijas ubicadas en Banámichi, Mazocahui, El Sauz de Ures, y La Capilla de Baviácora.
Las otras cinco son equipos móviles que sólo tienen capacidad para sanear un tinaco (mil cien litros) de agua al día. Unas de ellas, como la de Aconchi, llevan casi tres años almacenadas y sin funcionar, mientras que otras como la de San José de Baviácora, fueron instaladas hace apenas dos meses y no se utilizan porque la gente desconfía del proceso, ya que que las personas encargadas de manejarlas no recibieron la capacitación necesaria.
“Nomás vinieron y el ingeniero que andaba me dijo ‘has de cuenta que estás prendiendo el térmico ahí de tu casa’, pues es fácil nomás todo lo que se prende. Como que agarró mal sabor a lo primero por las mangueras y luego que tenía mucho cloro”, reconoció Isaías Juárez, quien está a cargo de una de las potabilizadoras móviles.
Pobreza, otro factor de riesgo
Ante esta situación, cada semana las familias consumen en promedio cinco garrafones, cuyo precio puede ir desde los 15 hasta los 32 pesos, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Pero aún cuando para todos el comprar agua es una necesidad primordial, según Julieta García, habitante de Ures, para muchos es un “lujo” que no se pueden dar.
“Desgraciadamente, mucha gente humilde no tiene ni para comprar el garrafón de agua, tienen que tomar agua de la llave forzosamente arriesgando su vida, que Dios guarde más adelante les vaya a salir algo, alguna enfermedad, porque como dicen, con el tiempo trae consecuencias”, enfatizó.
Esa es la mayor preocupación de los habitantes del Río, la salud, pues afirman que los enfermos de cáncer y de afecciones en la piel se cuentan por cientos, mientras que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) únicamente reconoce a 381 personas afectadas en su salud.
El hospital que no fue y la atención que no será
Cuando la contingencia estaba en su punto más álgido, Grupo México anunció que crearía en el municipio de Ures, la puerta de la ruta del Río Sonora, un gran hospital de primer nivel para atender todos los casos y mantener el monitoreo del agua, la Unidad de Vigilancia Ecológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), construcción que desde hace unos años está abandonada y que ha sido reemplazada por una clínica menor.
A pesar de que en un principio se determinó que el seguimiento sería durante 15 años, el acuerdo signado entre Cofepris y Grupo México para tales efectos expira este 6 de agosto, cuando se cumplen apenas 5 años de la tragedia, por lo que la UVEAS podría desaparecer.
“Los gobiernos hacen pactos malos, en el sentido de que les importa un comino la gente del Río Sonora y la naturaleza. menos. Creen que las personas aquí somos parte de la imagen, como diciendo ‘nos los podemos echar’. No hay sensibilidad humana del gobierno y menos de la empresa (Grupo México)”, afirmó Ramón Miranda, vecino de Aconchi y miembro activo del Comité de Cuencas Río Sonora (CCRS).
Esta agrupación conformada por habitantes de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, ha emprendido una lucha legal para buscar la remediación que no ha llegado al río.
Sus integrantes, que antes del derrame nunca imaginaron convertirse en activistas, han viajado por distintos países invitados por organizaciones internacionales, instruyéndose y adquiriendo herramientas para la defensa de los derechos humanos de sus pueblos, del derecho esencial a la vida.
Según Ramón Miranda, durante los primeros tres años del movimiento llegaron a tener hasta 15 amparos, de los cuales quedan 11 que se han ido afirmando, y de ellos seis ya salieron de las jurisdicciones de Sonora, dos incluso fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El primero, en el que los magistrados resolvieron que los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones que afectan el medioambiente, el cual “se logró por la valentía de 42 humildes pobladores de Bacanuchi que se atrevieron a demandar a Grupo México, y ganaron para beneficio de todos los afectados”, puntualizó.
Y el segundo amparo atraído por la SCJN, se busca fiscalizar el Fideicomiso Río Sonora de mil 250 millones de pesos, que fue creado en 2014 por Grupo México y administrado por el gobierno federal, y que se dio por agotado en 2017, aún cuando 750 millones no se entregaron.
“El abogado de la organización descubrió que fue tan perverso ese fideicomiso que por allá en esas letritas en un contrato decía: 'Si no los ocupa, véngase pa’ acá'. Entonces la empresa los recogió y pues muy suave ¿no? Tiene que haber responsables de ese fideicomiso”, comentó.
Con fideicomiso, compraron plantas y tinacos a sobreprecio
Los Comités de Cuenca Río Sonora descubrieron que uno de los mayores beneficiados con el fideicomiso fue Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea, y dueño de la empresa Rotoplas, a quien se le compraron a sobreprecio las plantas potabilizadoras y los 10 mil 188 tinacos para poner en cada casa.
Y gran parte del dinero también se fue a una Asociación Civil creada por Rodolfo Lacy Tamayo, quien en ese entonces era subsecretario de Semarnat y presidente del Consejo Técnico del Fideicomiso.
“Rodolfo Lacy Tamayo ya se fue, pero vamos por él, porque él es el responsable de muchas cosas de lo que pasó con el Fideicomiso Río Sonora”, advirtió Ramón Miranda.
El peor desastre ambiental registrado en el país, cuyo responsable fue Grupo México del empresario Germán Larrea, puso al Río Sonora ante los ojos del mundo y sin embargo, a cinco años de la tragedia, sus pobladores día a día enfrentan el olvido de las autoridades municipales, estatales y federal.
Sin embargo, hay activistas y ciudadanos que se mantienen en pie de lucha para lograr que se pague a los afectados.
“Podemos durar 10, 15, pero lo que sí les aseguro y se lo digo a la empresa y se lo digo al gobierno, que vamos a luchar hasta que esto se remedie porque tenemos la razón.
"(...) Lo más importante es la vida, la dignidad de nosotros, no nos van a pisotear, si creen que lo van a hacer se equivocan”, sentenció el activista.
RLO