Desde que Bárbara se divorció, su vida cambió radicalmente. Los expedientes judiciales entre amparos, demandas y contrademandas, han ido pesando cada vez más como para arrastrarlos en un maletín con ruedas. Allí concentra trámites realizados en Sinaloa, Monterrey y Torreón.
Antes de que el Consejo de Salubridad General en México decretase la emergencia sanitaria por el covid-19, Bárbara López Robledo, originaria de Torreón, logró divorciarse de Indalecio, quien fue su esposo durante 26 años, sin pensar que él la haría arrestar y movilizar de un estado a otro ante una demanda mercantil que interpuso en su contra por robo y por la cual se le colocó un brazalete en el tobillo para rastrearla.
“Temo por mi libertad porque él me lo dijo muy claro, que me vería muerta o en la cárcel y hemos visto que tiene el poder para hacerme pasar por una delincuente peligrosa a la que se moviliza con lujo de violencia de un estado a otro”.
En entrevista que solicitó a MILENIO, indicó que desde el año 2012 se fue a vivir a San Pedro Garza García, Nuevo León. Sin embargo en su casa la violencia fue incrementándose hasta el punto que temió por su integridad física.
Si bien la relación de la pareja se sostuvo pues apuntó, su entonces esposo viajaba mucho y pasaba solos los fines de semana en casa, las agresiones físicas y en términos económicos, dijo, la orillaron a tomar la decisión de separarse.
“Yo soy de aquí, aquí vive mi familia, aquí me casé y tuve mis dos hijos. Cuando comenzó la inseguridad, en el 2008 yo me fui a San Antonio, Texas, y de ahí en el 2011 me fui a vivir a Chihuahua, duré un año y me cambié a San Pedro Garza García. Allá estudiaron mis hijos, pero en el 2018, un 14 de febrero interpuse una denuncia por violencia, encontrándome en Culiacán, estábamos allá porque él se dedica al acopio de granos y fui allá a pasar el día pero hubo un altercado en un restaurante, cosas de celos de él y terminó con golpes en el departamento”.
Salir de la ciudad
Bárbara precisa que tras tomar la decisión de denunciar los hechos se movilizó a Monterrey. En respuesta su ex esposo realiza una asamblea en la empresa familiar donde establece que ella le cedió sus acciones.
“Yo presenté una denuncia por violencia también en San Pedro Garza García. La que interpuse en Culiacán fue por golpes, pero en la de San Pedro fue de golpes y violencia, él vivía enojado por la denuncia que interpuse en Culiacán, por eso el juez me otorgó unas órdenes de protección, donde él no se podía acercar a mí o a la casa, eso fue el 14 de marzo de 2018 pero se le vino notificando después”.
La vida de Bárbara ahora es un mundo de documentos legales, sin descartar cartas al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme pidiendo su apoyo toda vez que la movilizaron de Monterrey a Torreón, donde los agentes la trataron como una delincuente y le dejaron el cuerpo lleno de moretones.
Para probar su dicho muestra fotografías que asegura, fueron tomadas en consideración por un juez.
“Yo interpuse una demanda mercantil porque me dejó sin acciones argumentando que yo se las había cedido. Él me interpuso una denuncia, pero no me entero de nada. Estaba en San Pedro en una calle, en la Humberto Lobo, y van y me aprehenden. Yo pensé que era un secuestro. Eso fue el 25 de julio de 2019, a los dos meses de haber logrado el divorcio en San Pedro”.
Ante el trato que recibió de los agentes en Coahuila, Bárbara interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al mismo tiempo que un amparo porque no supo el motivo de la detención. Sin embargo insistió en que fue golpeada. Las lesiones las exhibió ante un juez que le dijo que se documentaría el hecho pero a decir de la entrevistada no supo si se abrió la investigación.
“Te voy a enseñar las fotos para que veas cómo me trajeron, yo no supe por qué estaba allí, el juez nos dio 15 minutos para leer la carpeta y era una como de tres kilos. Yo llegué a los separos de la Colón a las cinco de la mañana y luego fui trasladada al Centro de Justicia Penal, anexo al CERESO Torreón”.
Violencia no discrimina
Este viernes, Bárbara López Robledo deberá acudir al Centro de Justicia Penal pero asegura que no lo hará sola. La acompañará su abogado y mujeres que integran asociaciones y colectivos, tanto de Torreón como de otras ciudades. Y aunque sabe que hay mujeres en mayor estado de indefensión, también apunta que la violencia no discrimina clases sociales y la posición económica no necesariamente garantiza una buena educación donde se refuerce el respeto a la mujer.
“El abogado de mi ex esposo me dijo que retiran la denuncia si le cedo la parte que me corresponde de la casa. Lo único que ahora tengo es la mitad de la casa y también la quiere. Algo contradictorio fue el que fueron por mí, que porque iba huyendo, pero aquí como no tengo domicilio me colocan un brazalete que porque yo podía huir, algo contradictorio. Ahí fue cuando me entero que la denuncia establece que yo vivía en Torreón de 2016 al 2018 y que yo iba a su negocio, le tomaba el Token y transfería dinero, cosa de lo más ridículo”.
Finalmente, la entrevistada refirió que su ex pareja, haciendo uso de influyentismos logra amedrentar. Pero este caso incluso ya llamó la atención de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos en la ciudad de Monterrey.
“¿Qué pasa? La verdad es que yo temo por mi libertad, por eso estoy levantando la voz, a mí me da pena andar en esto, pero tengo que levantar la voz porque temo por mi libertad, porque el señor me ha amenazado, ha demandado incluso a mi madre que tiene 85 años. La verdad sí temo y es muy desgastante porque no da ni un peso, está amparado, no da pensión alimenticia aunque nuestro hijo está estudiando.
“Tengo audiencia este viernes 26 a las 10:30 y estamos viendo que no quieran verme encarcelada en algún otro estado. Hablo porque mis hijos están cansados, es muy desgastante. Quiero que se resuelva con perspectiva de género porque hay antecedentes de violencia, conforme a derecho”.
RCM