A un año del tiroteo al interior del Colegio Cervantes, las condiciones para que este tipo de hechos ocurran siguen vigentes por el abandono de las infancias en muchos sentidos.
Uno de estos aspectos tiene que ver con una cultura de la violencia fuerte y la desatención al tema de la salud mental.
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“Necesitamos cultura de la paz porque como anunciamos desde hace un año el niño en realidad es un hijo de la guerra y tenemos muchas armas circulando. El lenguaje y códigos que ven en su barrio y en la comunidad son policías vestidos como militares, armas por todos lados, narcoseries y eso es precisamente lo que están reproduciendo”, dijo Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Indicó que el entorno de pandemia por el covid-19 vino a complicar la situación, pues la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que perdió contacto con al menos un 15 por ciento del alumnado, equivalente a 4.5 millones de menores en el país.
“Se cerraron las escuelas y la SEP cometió el error de no mantener la comunidad educativa. Ya no tenemos voces, oídos, ojos de la comunidad educativa en el caso de salud mental y tampoco de maltrato al interior de las casas”.
Sin embargo, el panorama de atención a menores de edad ya era limitado antes de la contingencia. Para muestra está el estado de Coahuila, donde la Secretaría de Educación tiene asignados apenas 220 profesionales de psicología, aunque su función está más relacionada a los centros de educación especial como la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y Centros de Atención Múltiple.
Esto quiere decir que no están adscritos a un programa de atención a la salud mental propiamente, sino a desarrollos de aprendizaje.
La cifra anterior representa una cantidad pequeña si tomamos en cuenta que hay más de medio millón de estudiantes de educación básica en el sector público y 3 mil 374 escuelas.
“Pienso que los programas alcanzan a cubrir desde el papel lo que pudiera ser necesario, pero falta mucha estructura y apuesta económica para poder contar con un psicólogo por escuela”, expuso Ana Berenice de la Peña Aguilar, responsable del departamento de Psicología y Derechos Humanos en la Facultad de Psicología de la UAdeC.
Refirió que la apuesta también debe ser a que existan trabajadores sociales asignados al sector educativo para que realmente integren expedientes de infantes que requieran algún tipo de apoyo especializado en materia de salud mental.
“No hay suficiente vinculación entre las escuelas y las instituciones como el CAIF, ni suficiente personal para atender a tantas personas y darles seguimiento”.
Personal de psicología en el sector educativo consultado por MILENIO confirmó que el trabajo es muy limitado e incluso aunque hay programas escolares diseñados para una formación integral no alcanzan los recursos para aplicarlos.
Aunado a eso, antes que los directivos de los planteles o unidades especializadas opten por canalizar infantes o casos a la PRONNIF, prefieren interceder ellos por verlo como una pérdida de tiempo porque “no resuelven nada” y nada más se “echan encima” a la comunidad con eso.
Reconocieron que si bien el caso del Cervantes conmocionó a una buena parte de la comunidad, en el caso de los infantes de escuelas públicas era un chisme más ante una normalidad en la cultura de violencia en sus entornos, donde en algunos casos refirieron conocer o tener familiares que cuentan con armas.
Cuestionado Operativo Mochila
Luego de tres días de que ocurrió el tiroteo en el Colegio Cervantes, las autoridades educativas y de seguridad del estado retomaron el cuestionado Operativo Mochila Segura.
En el caso de Torreón el escenario principal de su regreso fue la Escuela España, un plantel ubicado a escasas calles de donde ocurrió la balacera y destacó la presencia elementos policiales federales, estatales y militares.
¿Qué resultados dejó el retorno de dicha estrategia? Además de reabrir el debate en torno a lo violatorio de la práctica en materia de derechos humanos, la Secretaría de Educación en Coahuila no tuvo registros de canalizaciones que hiciera de menores a instancias de atención a la familia.
A través de una solicitud de acceso a la información vía el folio 00886620, la dependencia estatal detalló que durante el ciclo escolar pasado entraron al programa 2 mil 428 planteles educativos, pero "no existen casos derivados de este programa que ameriten una intervención de la PRONNIF y/o alguna autoridad de la Fiscalía de Coahuila”.
Sin embargo, dos solicitudes realizadas a estas dos últimas oficinas gubernamentales evidenciaron una falta de coordinación entre el sector educativo y el de atención social y justicia.
La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia respondió a la petición con la serie 00925120 que por invitación de la secretaría participaron en operativos en las regiones Norte, Laguna y Centro.
En el caso de La Laguna expone que fue el seguimiento a siete casos, de los cuales seis corresponden a Torreón y uno a Matamoros. La atención proporcionada tiene que ver con el acompañamiento del personal de los Centros de Integración Familiar.
La Fiscalía de Coahuila, por su lado, dio a conocer en respuesta a la solicitud con el folio 00924920 que participaron en la implementación del operativo en seis secundarias de la Región Norte, aunque sin un seguimiento.
Respecto a esta estrategia reactiva por parte de las autoridades educativas nacionales y estatales, Juan Martín Pérez consideró que en su momento esta estrategia ya fue descartada por la CNDH y lo que hace falta es una atención más integral de los menores para prevenir actos violentos.
“La Suprema Corte atrajo los litigios en este tema y está por emitir una resolución en torno a Mochila Segura, claramente rechazándolo por ser un acto violatorio a los derechos humanos de los menores. Esto vendrá con un necesario debate nacional sobre cómo entendemos que la violencia es un código que se está instalando en las escuelas, las casas y las comunidades”.
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Señaló que hace falta replantear temas más de fondo como lo establece el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y donde se pide revisar la estrategia de militarización del país para avanzar en una seguridad humana basada en la comunidad.
RCM