Bibi Hazrato, una antigua agricultora de amapola de 60 años, llora desconsolada mientras un grupo de hombres destruye su cultivo de amapola de opio, en cumplimiento de una orden del gobierno talibán para acabar con esta planta narcótica en el país.
"Si trabajaran para Dios, no habrían destrozado este pequeño campo", pero uno de las autoridades responde: "Dios dice que destruyamos esto".
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Tras el estricto veto de la amapola por parte del régimen Talibán, agrícolas afganos lamentan la prohibición de la planta que vendían en cápsulas y que era uno de los pocos negocios estables en el país.
En campos donde solía crecer amapola, ahora se cultiva la primera cosecha de trigo tras la prohibición de la planta que produce la sustancia psicoactiva de la heroína.
El gran dilema de Afganistán se refleja en la austera casa de Hazrato en la aldea Sher Surkh de la provincia de Kandahar: una fuente de ingresos ilícita pero vital se extingue en medio de una grave crisis humanitaria.
"Dios también pide ayudar a los pobres como yo. Nadie me ha ayudado nunca", lamenta la mujer con su rostro cubierto por un chal negro.
Periodo de gracia
Los talibanes consiguieron en gran parte erradicar el cultivo de la amapola al final de su primer mandato entre 1996 y 2001, según analistas.
Pero esta política se desvaneció cuando fueron derrocados por la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 y, en cambio, empezaron a financiar su resistencia con un impuesto sobre estos cultivos.
La producción de opio aportaba alrededor de la mitad de los ingresos de los insurgentes en 2016, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En 2020, el último año completo con el gobierno prooccidental en el poder, un 85% del opio mundial procedía de Afganistán, dijo este organismo.
El año posterior, la UNODC estimó que la economía del opio suponía entre el nueve y el 14% del PIB afgano.
La producción se ha concentrado históricamente en las áridas regiones meridionales de Kandahar y Helmand, donde germinó el movimiento talibán hace más de tres décadas.
El año pasado, la prohibición se anunció cuando la cosecha estaba ya en marcha, con lo que se concedió un periodo de gracia.
Aplicar el veto inmediatamente hubiera provocado "amplias discrepancias", dijo el analista David Mansfield en un informe en octubre.
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Arrasar los campos mientras los jornaleros se preparaban para recoger las amapolas y extraer la valiosa savia hubiera "destrozado la cosecha justo en el momento en que los agricultores iban a recibir los frutos de su trabajo", escribió.
Pero este año "hay una indicación de que se implemente estrictamente la prohibición", dijo a AFP Anubha Sood, una alta dirigente de UNODC.
En cualquier caso, subsisten "pequeños campos" en "casas privadas y jardines, viñedos, en zonas remotas y no visibles".
La prohibición duplicó el precio local hasta los 200 dólares por kilogramo el año pasado.
Teníamos tanto dinero
El viceministro encargado de la política antinarcóticos, Abdul Haq Akhund Hamkar, dijo a AFP que se han destruido casi 3 mil hectáreas de amapolas desde el inicio de la temporada. Una pequeña fracción de las 233 mil hectáreas cosechadas en 2022 según las estimaciones de UNODC.
El responsable antinarcóticos de Helmand, Haji Qazi, dijo que la prohibición "se implementó en gran medida" y que "la mayoría de la población la aceptó".
El cultivo de opio ya era ilegal bajo el gobierno prooccidental, pero las autoridades nunca terminaron de controlar las zonas rurales del país.
En cambio, los talibanes siempre tuvieron una reputación de aplicar con dureza la ley y el orden.
Por eso, cuando Mir Ahmad escuchó de la prohibición en su aldea en la provincia de Helmand, pensó que iba a perder "mucho dinero", pero destinó sus nueve hectáreas al trigo por primera vez en 20 años.
"Este año estamos mal financieramente", reconoce. "El año pasado, teníamos tanto dinero que ni siquiera podíamos gastarlo todo".
aag