'Oportunidad' y 'esperanza' son dos palabras con las que expertos definen a la Convención Constituyente de Chile. El país de la OCDE que menos confianza tiene en su gobierno transitará los próximos meses por un proceso para redactar su nueva Constitución que incluirá por primera vez las voces de los pueblos originarios, la comunidad LGBTQI+ y mantendrá la misma proporción de hombres y mujeres para su creación.
En este país sólo 15 por ciento de los ciudadanos confía en su gobierno, de acuerdo con el último informe "Government at a Glance" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las protestas por el alza de la tarifa del transporte público en Santiago marcaron el inicio de una serie de cambios sociales para el pueblo chileno. Pero no fueron el único detonante. Las reformas de raíz urgían en un país regido por una Constitución construida durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien estuvo en el poder de 1973 a 1990.
La idea de una nueva Constitución Política nació en 2019 cuando se convocó a todo Chile a un "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución", y después de un largo proceso se decidió que sus redactores serían elegidos por paridad de género y se determinó que 17 escaños estarían reservados para personas de los pueblos originarios.
Las y los 155 miembros elegidos tienen nueve meses, prorrogables hasta por tres más, para redactar la nueva Constitución.
En entrevista con MILENIO, Ana Piquer y Salvador Percastre analizan los retos y oportunidades de la Convención que dará una nueva Constitución a Chile.
Ana Piquer, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, dice que la Constitución actualmente vigente no entrega un resguardo de los derechos humanos a la altura de los estándares internacionales.
"Hay derechos que están regulados de manera débil y otros que derechamente no están. La regulación de la CC establece que debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile, y el país ha ratificado todos los principales tratados de derechos humanos".
Piquer señala que este proceso representa a la vez un reto y una oportunidad, pues el país tiene la posibilidad real de que los estándares internacionales de derechos humanos estén debidamente garantizados a nivel constitucional.
"Esto no debería considerar solamente el catálogo de derechos establecido en la Constitución, sino también la integración de los tratados al derecho interno, la institucionalidad protectora de los derechos humanos y las vías de reclamación o justiciabilidad de estos derechos".
Los Derechos Humanos forman parte de una de las seis comisiones recientemente creadas por la Convención. Otras comisiones incluyen: participación ciudadana; descentralización; comunicación y transparencia; participación plurinacional y educación popular; y participación y consulta con los pueblos originarios.
Diversidad de voces, esperanza para el respeto a los Derechos Humanos
La Convención Constitucional está compuesta por 155 miembros, que se dividen en 78 convencionales hombres y 77 mujeres. El promedio de edad es de 45 años y el miembro más joven tiene 20 años.
Además se reservaron 17 escaños para representantes de los pueblos originarios de Chile: Aimara (1), Mapuche (7), Rapa Nui (1), Quechua (1), Lican Antay o Atacameño (2), Diaguita (1), Colla (1), Chango (1), Kawashkar (1) y Yagán o Yámana (1).
Para Piquer, el solo hecho que la Convención sea paritaria, tenga representación de los pueblos originarios y haya constituyentes de la comunidad LGBTIQ+, "ya es en sí mismo una señal de esperanza de que estas voces serán consideradas en el texto constitucional".
Piquer considera que la Constitución actual, creada en 1980, no reconoce a los pueblos originarios ni cuenta con estándares sólidos para prohibir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Tampoco reconoce a las familias diversas o el derecho al aborto.
"La actual Constitución ha servido para poner límites al reconocimiento del aborto legal en Chile. La nueva Constitución debería incluir un reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos, no solo desde la perspectiva de salud, sino también con una mirada de autonomía reproductiva que incluya el derecho al aborto", dice.
Piquer concluye que el "estallido social" chileno que sembró la idea de una nueva Constitución, en gran medida se produjo debido a las desigualdades de un sistema donde la salud, la educación, las pensiones y otros derechos no están garantizados por igual para todas las personas.
Los retos de la Convención Constituyente de Chile... y qué puede aprender México
Elisa Loncon, la doctora en lingüística que hoy preside este esfuerzo, se refirió a la Convención Constituyente como "el sueño de nuestros antepasados".
Loncon pertenece al pueblo Mapuche, el más grande de Chile con casi un millón 800 mil personas. Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Chile es el único país de América Latina cuya actual Constitución no reconoce a estas personas.
Para Salvador Percastre, presidente de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación, Política y Sociedad (RIICOPS), este proceso implica la representación real de la pluralidad del pueblo chileno y es una oportunidad de materializar las demandas sociales de quienes históricamente han sido segregados. Sin embargo, otras visiones siguen vigentes en Chile.
"La derecha va a querer impugnar, pues está infrarrepresentada en la Convención Constituyente. Este sector está conformado por grandes capitales y empresarios que intentarían frenar reformas progresistas y derechos de cuarta generación", opina el especialista.
Los derechos de cuarta generación contemplan el derecho a formarse en nuevas tecnologías, la seguridad digital, entre otros.
El investigador dice que uno de los principales riesgos dentro del proceso es que la izquierda se fragmente o se polarice si las fuerzas independientes buscan defender su propia visión. Otra es que el Parlamento y el Poder Ejecutivo obstaculicen los trabajos de la asamblea.
Sin embargo, señala que no deja de ser una oportunidad histórica para materializar la pluralidad del pueblo chileno en una Constitución que tomaría en cuenta aspectos como la libertad de expresión, el reconocimiento del uso del agua que actualmente está privatizada, la disparidad en los servicios públicos, entre otros temas.
Percastre dice que México debe estar atento a cómo se desarrolla la Convención Constituyente de Chile, pues ésta puede ser un modelo a seguir en cuanto a derechos sociales. "Porque al final, una América Latina fuerte y unida nos beneficia a todos", concluye.
evr