El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido por la Policía Nacional, luego de que fue destituido por el Congreso, por incapacidad moral y ante una investigación en su contra por crimen organizado, tráfico de influencias y colusión.
Previo a su detención, Castillo intentó disolver al Parlamento para evitar su destitución, un acto condenado por diversas autoridades, desde la vicepresidenta hasta la fiscal general, Patricia Benavides.
"Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana”, dijo la fiscal en un video en las redes sociales del Ministerio Público del Perú.
Ante lo cual, dijo, adoptarán “las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional.”
Momentos después, la Policía Nacional del Perú compartió en redes sociales que había detenido a Castillo e incluso compartió una foto, aunque después borró la publicación.
La vicepresidenta, Dina Boluarte, calificó la acción como un golpe de estado, "que agrava la crisis política e institucional".
“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, escribió en redes sociales.
Procurador General de Perú denunció a Pedro Castillo ante la Fiscalía
La Procuraduría General del Estado de Perú denunció por sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública al presidente de Perú, Pedro Castillo, por haber intentado disolver al Parlamento, que se disponía a discutir una moción para destituirlo.
Según se lee en la denuncia, el procurador Daniel Soria presentó la denuncia penal contra el presidente Castillo al amparo de tres artículos constitucionales y otra decena de artículos penales y legislativos luego como resultado del anuncio del ejecutivo de disolver al Congreso, que finalmente sesionó de emergencia y terminó destituyendo por incapacidad moral.
Actualmente, el artículo 133 de la Constitución del Perú permite al presidente disolver al Congreso solamente en caso de que este haya negado la confianza a dos Consejos de Ministros, por lo que tanto la PGE de Perú como el Ministerio Público de ese país anunciaron que tomarían acciones al respecto.
"Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos constitucionales. El Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo que tiene el mandato de persecución del delito adoptará las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional, dijo la fiscal Patricia Benavides en un mensaje en redes sociales.
FLC