Donald Trump, que enfrenta cargos federales por intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, está tratando de presentar su caso como la defensa política de un presidente estadunidense alarmado por las denuncias de fraude electoral.
La defensa legal de Trump, en una ráfaga de mociones legales, ha argumentado que el caso del fiscal especial Jack Smith "intenta criminalizar el discurso político básico y la defensa política".
Los archivos ofrecen una primera visión de cómo el ex mandatario planea defenderse de lo que los fiscales alegan que fue una conspiración múltiple para obstaculizar el recuento y la certificación de los resultados de unas elecciones que perdió frente al demócrata Joe Biden.
El ex mandatario se ha declarado inocente y ha acusado a los fiscales de intentar interferir con su campaña presidencial de 2024, en la que mantiene una amplia ventaja en las encuestas de cara a la contienda por ser el candidato republicano. El caso, en un tribunal federal de Washington, es uno de los cuatro procesos penales en su contra.
Trump sigue culpando falsamente de su derrota en las elecciones de 2020 al fraude electoral generalizado, a pesar de que tribunales, auditorías estatales y miembros de su anterior administración confirman los resultados.
Según expertos legales, es probable que un juez restrinja los argumentos que el ex presidente podrá presentar en el juicio, que está programado para comenzar en marzo de 2024.
"Hay una preocupación aquí sobre la línea incierta entre la defensa y la conducta criminal", dijo Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington y testigo frecuente de los legisladores republicanos en el Congreso.
La acusación alega que, aunque Trump tenía derecho a impugnar legalmente los resultados, tomó medidas ilegales, incluida la creación de listas de electores fraudulentas y la presión al entonces vicepresidente Mike Pence para que se negara a certificar los resultados electorales ante el Congreso.
"No está acusado de nada que haga relevante su defensa política", dijo Ty Cobb, que antes representaba al ex presidente, pero que desde entonces se ha vuelto crítico de él. "Puede decir que las elecciones fueron robadas. Puede decir que el sistema estaba corrupto, pero no puede participar ni dirigir una conducta ilegal específica", acusa.
Los expertos legales dicen que Trump probablemente no podrá argumentar que su conducta estaba protegida por la libertad de expresión, recogida en la Primera Enmienda, porque esas cuestiones legales las resuelve el juez, pero ese argumento podría ser la base de una apelación si es condenado.
Trump se ha apoyado repetidamente en argumentos de libertad de expresión para defender sus palabras antes del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios y para oponerse a una orden de mordaza parcial en el caso penal.
Además, varios abogados que los asesoraron y a su campaña después de las elecciones han sido identificados como cómplices no acusados en el caso y han sido imputados en una otra causa penal en Georgia.
SNGZ