España abre la puerta desde este viernes a la posibilidad de que los enfermos sin curación o con enfermedades crónicas incapacitantes puedan decidir entre llegar al final de su vida, apoyados por cuidados paliativos, o poner fin a ella, gracias a la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, aprobada por el Parlamento español en marzo, con la que el país se convierte en el séptimo en el mundo en reconocer este derecho.
La entrada en vigor de la Ley abre nuevos espacios para los partidarios de una muerte digna, pero el enfrentamiento entre partidarios y detractores se mantiene en España con el debate sobre si la falta de inversión en los cuidados paliativos a enfermos terminales ha derivado en una norma que permite el derecho a elegir libremente.
“Me parece un paso atrás en la sociedad y un paso atrás en la inversión de algo que a mí me parece primordial como son los cuidados paliativos”, dijo a Efe Águeda Rey Tobalín, enferma de ELA de 53 años que mantiene que la muerte es parte de la vida y no se puede negar.
Según un sondeo realizado en 2019 por la encuestadora Metroscopia, el 87% de los españoles apoyaban la despenalización de la muerte asistida.
"El derecho a morir dignamente y el derecho a vivir dignamente son compatibles, es más, son complementarios. Si se hiciera bien, sería tener cubierto todo el abanico de opciones que debería tener cualquier ser humano con relación a su propia vida”, argumenta a Efe Jorge Murillo, enfermo de Esclerosis lateral amiotrófica.
Los cuidados paliativos en España están lejos de tener la misma disponibilidad por paciente que el resto de países europeos donde también existe la eutanasia regulada.
"Nos consta que hay cerca de 75.000 enfermos españoles que se mueren cada año sin tener acceso a un servicio de cuidados paliativo”, afirma a Efe el médico especialista en esta área, Marcos Gómez Santos.
Pese a la demanda social que ha llevado a España a la aprobación de esta ley, asociaciones provida como HazteOir.org y Derecho a Vivir se declaran en contra.
La ley deberá hacer frente también a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el conservador Partido Popular (PP) y la formación de ultraderecha Vox, que votaron en contra de la norma, y que consideran que atenta contra un derecho fundamental como es el derecho a la vida.
"El (Tribunal) Constitucional tiene ahora en sus manos la obligación de garantizar el derecho a la vida y el Gobierno de desarrollar una ley de cuidados paliativos que proteja la vida, y que no nos lleve a una pendiente resbaladiza como ya se ha visto en los Países Bajos", sostiene Rosana Ribera de Gracia, portavoz de Derecho a Vivir.
En 2019, las Comisiones Regionales de Verificación (CRV) de Países Bajos recibieron 6.361 notificaciones de eutanasia. Se trata del 4,2 % del número total de personas fallecidas ese año, lo que supone un aumento del 3,8 % respecto a 2018, según la Oficina Central de Estadística del país europeo.
"No existe ni un solo dato que indique que en Países Bajos haya una pendiente resbaladiza, es decir, que la vida de nadie está en riesgo. Ni ha habido un solo homicidio, porque los médicos no se convierten en verdugos como dicen los integristas", explica a Efe Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente.
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El derecho que pedían desde hace años
La muerte voluntaria televisada del parapléjico Ramón Sampedro en 1998, inició en España el debate sobre la conciencia social por el derecho a morir con dignidad. Su caso resurgió en 2004 a raíz del éxito de la oscarizada película "Mar adentro", inspirada en su vida, que fue protagonizada por el actor Javier Bardem.
Sampedro falleció tras ingerir un preparado de cianuro que le habían proporcionado, después de 29 años de enfermedad y tras perder la batalla legal que emprendió en 1993 para que se le aplicara la eutanasia. Él mismo grabó el video de su muerte para que las personas que le ayudaron en los preparativos no fueran penalizadas.
Un caso que se ha visto replicado años después en la historia de Maribel Tellaetxe, una enferma de Alzhéimer, cuyo viudo, Txema Lorente, se convirtió en un reconocido defensor de la eutanasia en España.
"Mi mujer Maribel fue magníficamente atendida en los últimos meses, antes de morir, pero los cuidados paliativos nunca le devolvieron ni la autonomía ni el habla ni la memoria", aseguró a Efe y remarcó a dificultad de regular la ley en relación a las enfermedades mentales.
"Ella decía que cuando ella no tuviera autonomía, cuando no nos conociera, cuando no supieran quiénes éramos cada uno, cuando no tuviera capacidad de amar; ella no quería vivir así, una pincelada de tristeza porque mi mujer, Maribel, no pudo disfrutar de este derecho", explicó.
grb