La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha contado con la ayuda del abogado de Atlanta John Floyd, quien escribió una guía nacional sobre el procesamiento de casos estatales de crimen organizado. Floyd fue contratado recientemente para "brindar ayuda según sea necesario" en asuntos relacionados con el crimen organizado, incluida la investigación de Trump y otros casos, dijo la fuente, que tiene conocimiento directo de la situación.
La medida refuerza al equipo que investiga a Trump mientras Willis se prepara para emitir citaciones para obtener pruebas sobre si el ex presidente y sus aliados infringieron la ley en su campaña para presionar a los funcionarios estatales para que reviertan su derrota electoral en Georgia.
Willis ha dicho que su oficina examinará posibles cargos que incluyen "solicitud de fraude electoral, hacer declaraciones falsas a organismos gubernamentales estatales y locales, conspiración, crimen organizado", entre otras posibles violaciones.
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El nombramiento de Floyd indica que el crimen organizado podría ocupar un lugar destacado en la investigación. Es un área de la ley en la que Willis tiene una amplia experiencia, incluido un caso de alto perfil en Atlanta en el que ganó condenas por crimen organizado de 11 educadores públicos por un plan para hacer trampa en las pruebas estandarizadas.
La investigación de Trump se centra en parte en su llamada telefónica al secretario de estado de Georgia, pidiéndole al secretario que "encuentre" los votos necesarios para anular la derrota electoral de Trump, basándose en afirmaciones falsas de fraude electoral.
Willis, una demócrata que en enero se convirtió en la primera fiscal de distrito mujer negra del condado, tendrá que navegar por un panorama político tenso. Ella enfrenta la presión de los demócratas en Atlanta y a nivel nacional para perseguir un enjuiciamiento agresivo, junto con el escrutinio de los republicanos en un estado históricamente dominado por ese partido.
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Floyd se negó a comentar cuando se le preguntó sobre el nombramiento, pero habló sobre sus experiencias pasadas trabajando con Willis.
En 2014, cuando Willis era asistente del fiscal de distrito en Atlanta, Floyd fue contratado como fiscal especial para el caso de crimen organizado que surgió del escándalo de trampas de las escuelas.
"Fue en gran medida un esfuerzo de equipo", dijo Floyd sobre trabajar con Willis.
El caso de trampa podría proporcionar pistas sobre su estrategia para investigar a Trump, dicen los expertos legales, al tiempo que enfatizan que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas.
Si ella presenta cargos de crimen organizado, Willis deberá demostrar un patrón de corrupción por parte de Trump, solo o con sus aliados, con el objetivo de anular los resultados de las elecciones para mantenerse en el poder. Si bien los fiscales suelen perseguir el crimen organizado en casos que involucran delitos como asesinato, secuestro y soborno, el estatuto de Georgia define el crimen organizado de manera más amplia para incluir declaraciones falsas hechas a funcionarios estatales.
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La Ley federal de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes (RICO, por sus siglas en inglés) se aprobó originalmente en 1970 para ayudar a vincular a los jefes de la mafia con los crímenes de sus subordinados al permitir que los fiscales argumenten que conspiraron juntos en una "empresa criminal". Sin embargo, a lo largo de los años, su alcance ha crecido hasta incluir empresas y otras organizaciones como empresas sujetas a la ley.
Willis mencionó específicamente el crimen organizado y la mentira a los funcionarios públicos al detallar los posibles delitos que su oficina tenía la intención de investigar en una carta del 10 de febrero a cuatro funcionarios estatales republicanos, pidiéndoles que preserven los registros relacionados con el caso.
“Esa carta fue realmente una señal para el público de que iba tras varias posibilidades”, dijo Clark Cunningham, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Georgia.
Los abogados de Georgia familiarizados con la ley estatal RICO dijeron que Willis podría estar considerando si se aplicaría a supuestas declaraciones falsas hechas por Trump y sus aliados mientras buscaban influir en los funcionarios estatales para revertir su derrota electoral.
"No es exagerado ver a dónde está llevando esto", dijo Cathy Cox, decana de la facultad de derecho de la Universidad Mercer en Macon, Georgia y exsecretaria de estado de Georgia. "Si Donald Trump participó en dos o más actos que involucran declaraciones falsas, que se hicieron a sabiendas y deliberadamente en un intento de falsificar hechos materiales, como los resultados de las elecciones, entonces puede reconstruir una violación del acto de crimen organizado".
El crimen organizado, un delito grave en Georgia, puede conllevar duras penas que incluyen hasta 20 años de prisión y una fuerte multa. “No hay muchas personas que eviten pasar tiempo en prisión por un delito de crimen organizado”, dijo Cox.
'Encuentra' los votos
En una llamada telefónica del 2 de enero, Trump instó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un colega republicano, a "encontrar" los votos suficientes para permitirle ganar.
En la llamada de una hora, Trump repitió afirmaciones falsas de fraude electoral, insistiendo en que ganó Georgia por completo y que el demócrata Joe Biden recibió miles de votos de personas que estaban fuera del estado, no registradas o muertas. Trump hizo otra llamada telefónica a fines de diciembre al investigador principal de elecciones de Georgia, instando al funcionario a "encontrar el fraude".
El 5 de diciembre, Trump llamó al gobernador republicano del estado, Brian Kemp, para instarlo a realizar una sesión especial de la legislatura para anular los resultados de las elecciones. Tres días después, Trump llamó al fiscal general republicano de Georgia, Chris Carr, y le advirtió que no interfiriera con una demanda de Texas que cuestionaba los resultados de las elecciones en Georgia y otros estados.
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Carr declaró públicamente que se oponía a la demanda de Texas. Las oficinas de Kemp y Carr no respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia.
La oficina de Willis ha indicado que también está examinando los esfuerzos de los aliados de Trump para influir en las elecciones, incluida una llamada telefónica en noviembre realizada por el senador republicano Lindsey Graham a Raffensperger para discutir las boletas por correo; acusaciones falsas de fraude electoral hechas por el entonces abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, en testimonio en audiencias legislativas estatales; y la destitución abrupta de Byung J. “BJay” Pak, un abogado estadounidense en Georgia que enfureció a Trump al no hacer lo suficiente para investigar sus infundadas denuncias de fraude.
Los expertos legales dicen que los fiscales podrían usar el patrón de declaraciones falsas en una campaña de presión para construir un caso RICO, pero que Willis enfrentaría la carga de demostrar que Trump sabía que sus acusaciones de fraude eran falsas. En un juicio, Trump podría argumentar que no violó deliberadamente la ley porque realmente creía que lo habían engañado, dijo Kurt Kastorf, abogado de Atlanta y exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Los abogados de Trump podrían señalar razonablemente partes de la llamada con el Secretario de Estado donde Trump parece dejar en claro que la razón por la que necesitan hacer algo es porque hay fraude en las elecciones”, dijo. "Los fiscales tendrían que responder con evidencia de que esta razón afirmada no es sincera".
mjsg