Pacific Gas & Electric está a punto de conseguir su libertad condicional, a pesar de las preocupaciones de que la empresa de servicios públicos más grande del país sigue siendo demasiado peligrosa para confiar después de años de devastación por los incendios forestales provocados por su equipo obsoleto y su gestión negligente.
Se suponía que la libertad condicional, que vencía a la medianoche del martes, rehabilitaría a PG&E después de su condena en 2016 por seis delitos graves por una explosión en 2010 provocada por sus líneas de gas natural que hizo estallar un vecindario de San Bruno y mató a ocho personas.
En cambio, PG&E se convirtió en una fuerza aún más destructiva. Desde 2017, se ha culpado a la empresa de servicios públicos por más de 30 incendios forestales que acabaron con más de 23,000 hogares y negocios y mataron a más de 100 personas.
“En estos cinco años, PG&E ha cometido una ola de delitos y saldrá de la libertad condicional como una amenaza continua para California”, escribió el juez federal de distrito William Alsup en un informe que revisa su supervisión de la empresa de servicios públicos.
Mientras estaba en libertad condicional, PG&E se declaró culpable de 84 delitos graves de homicidio involuntario por un incendio forestal en 2018 que arrasó con la ciudad de Paradise, a unas 170 millas (275 kilómetros) al noreste de San Francisco. Ahora, PG&E enfrenta más cargos penales en dos casos separados, por un incendio forestal en el condado de Sonoma en 2019 y un incendio en el condado de Shasta en 2020. PG&E ha negado cualquier delito en esos incendios.
Durante su período de prueba, PG&E también se hundió en la bancarrota por segunda vez en menos de 20 años. Antes de salir de la bancarrota el año pasado, PG&E llegó a acuerdos por más de $25,500 millones, incluidos $13,500 millones destinados a las víctimas de incendios forestales que pueden no llegar a repartir la cantidad inicialmente prometida.
mg