El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió el partido Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo, quien calificó la medida de "ilegal" y denunció una "persecución política" en su contra de cara a su toma de posesión el próximo 14 de enero.
Se "resuelve suspender provisionalmente la inscripción de persona jurídica del Comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla", comunicó la resolución de la corte electoral, que acató un polémico fallo solicitado por la fiscalía.
Tras la primera vuelta de las elecciones el 25 de junio, el juez Fredy Orellana ordenó al tribunal electoral suspender a Semilla debido al inicio de una investigación penal por supuestas anomalías en los afiliados del partido en el momento de su creación en 2017.
El tribunal no acató en ese momento la orden del juez porque no podía suspender un partido en medio de un proceso electoral.
En medio de presiones internacionales, la Corte de Constitucionalidad del país garantizó entonces que el balotaje se realizaría en la fecha prevista y con los candidatos vencedores en la primera vuelta: Arévalo que quiere liderar una cruzada contra la corrupción y la ex primera dama Sandra Torres, cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno.
El socialdemócrata de 64 años, que dio la sorpresa al entrar en el balotaje, resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto con 60.9 por ciento de los votos válidos, frente al 39 por ciento de Torres.
Según analistas, la suspensión de Semilla no afecta la asunción de Arévalo, cuya seguridad fue reforzada ante informes de un posible atentado en su contra.
Sus efectos recaerán sobre la bancada del partido en el Congreso, pues pueden perder facultades como la de presidir comisiones. explicó.
"Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente", dijo Arévalo.
Presidente "legalmente electo"
La suspensión de Semilla se da "sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado", denunció la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
Es "una interpretación abusiva de la ley", según la OEA.
El jefe del registro de ciudadanos Ramiro Muñoz acató la orden del juez Orellana, quien en primera instancia actuó a petición del fiscal Rafael Curruchiche. Orellana y Curruchiche son considerados como actores "corruptos" por Estados Unidos.
El anuncio de la suspensión de Semilla en julio pasado provocó la preocupación de la comunidad internacional. El jefe de la diplomacia estadunidense para América Latina, Brian Nichols, manifestó entonces inquietud por "las nuevas amenazas del Ministerio Público contra la democracia electoral de Guatemala".
Simultáneamente a la suspensión de Semilla, el tribunal electoral oficializó los resultados del balotaje a favor de Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo que gobernó Guatemala de 1945-1951.
"Se acuerda (...) declarar legalmente electo como presidente de la República de Guatemala al ciudadano César Bernardo Arévalo de León, a quien se adjudica el cargo por el periodo improrrogable de cuatro años comprendido del 14 de enero de 2024 al 14 de enero de 2028", dijo en conferencia de prensa el secretario general del tribunal, Mario Velásquez.
El partido de la ex candidata presidencial Sandra Torres, Unidad Nacional de la Esperanza, estimó en la red social X (antes Twitter) que la oficialización de resultados de los comicios fue "precipitada" y pidió resolver una presunta "lluvia de anomalías".
"Estocadas"
"En Guatemala, asistimos a las últimas estocadas del sistema corrupto que ha cooptado por décadas las instituciones públicas haciendo uso hoy del sistema judicial de manera ilegal contra Semilla", mencionó a la AFP la concejal electa del partido en la capital, Nino Matute.
El proceso penal contra el partido Semilla ha provocado varias protestas callejeras que piden la renuncia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Washington que también la considera un personaje "corrupto".
La corte constitucional negó el lunes un pedido de amparo de Porras que buscaba detener las protestas y mensajes en redes sociales que exigen su dimisión.
La fiscalía de Porras también coordinó el lunes con la policía el arresto de la ex abogada Claudia González, que integraba la Cicig, la comisión de la ONU que investigó la corrupción gubernamental de 2007 a 2019 y que fue disuelta por el gobierno pese a protestas de la comunidad internacional.
Una treintena de funcionarios judiciales que investigaron casos de corrupción en Guatemala están ahora detenidos o exiliados.
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SNGZ