El Parlamento de Hungría aprobó hoy un aumento del impuesto de ventas minoristas a las grandes cadenas de supermercados, la mayoría extranjeras, a la que obligará también a entregar los alimentos que caducan en 48 horas para su reparto social.
La ley aprobada hoy determina que para las cadenas con una facturación de más de 273 millones de euros anuales, la tasa de este impuesto sea del 2.7 %, frente al 2.5% actual.
Aunque la ley no discrimina entre empresas nacionales y extranjeras, en la práctica afecta sólo a grandes cadenas extranjeras, como Aldi, Auchan, Lidl, Penny Market, Spar y Tesco.
La nueva legislación, aprobada por el partido El Fidesz-Unión Cívica Húngara, también se determinó que estas mismas cadenas deberán entregar al Centro de Salvación de Alimento los productos alimentarios que caduquen en las siguientes 48 horas.
La legislación no afecta a las tres cadenas húngaras más grandes, CBA, COOP y Reál, ya que estas funcionan como franquicias, por lo que su facturación es muy inferior al que establece la ley.
Miembros del gobierno y del Fidesz llevan años opinando que Hungría debería apoyar a las cadenas locales de supermercados. Es por eso que la nueva regla no afecta a los productos con una fecha de caducidad de menos de dos días, como los de panadería.
La ley entrará en vigor el 1 de febrero de 2022, según el Fidesz, para controlar el desperdicio de alimentos. Sándor Farkas, secretario de Estado de Agricultura, dijo hoy en el Parlamento que la norma obliga "a las grandes cadenas ofrecer a los necesitados los alimentos próximos a caducar".
Medios independientes, como el diario digital Telex, señalan que la obligatoriedad de entregar los alimentos podría ser anticonstitucional, ya que se trata de una propiedad privada.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) los húngaros tiran a la basura más de 1.8 millones de toneladas de alimentos al año, un desperdicio que en toda la Unión Europea (UE) alcanza las 90 millones de toneladas.
GAC