La "guerra contra la inflación" anunciada por el presidente argentino, Alberto Fernández, hace casi un mes, todavía no ha conseguido frenar la escalada de precios en el país suramericano, en donde cada vez es mayor el descontento político y social por este problema macroeconómico.
Según publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los precios al consumidor en Argentina experimentaron en marzo pasado una subida interanual del 55.1 por ciento, 2,8 puntos porcentuales por encima de la variación notificada en febrero.
Asimismo, en el tercer mes del año los precios al consumidor crecieron el 6.7 por ciento, en comparación con febrero pasado, la tasa más alta de toda la serie histórica —enero del 2017 en adelante— y que encadena cinco meses de aceleración en el nivel de inflación.
El indicador tomó especial impulso este marzo por el inicio del curso escolar —23.6 por ciento de incremento mensual en el sector de educación—, así como por el cambio de temporada de vestimenta (10,9 por ciento) y por el incremento de las tarifas de luz, gas y agua en la mayoría de las regiones (7.7 por ciento).
Respecto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, estos moderaron su avance y anotaron una subida mensual del 5.7 por ciento, 1.8 puntos porcentuales menos que el mes anterior, aunque en los tres primeros meses del año acumulan una subida del 20.9 por ciento.
¿Una "guerra" perdida?
Durante las últimas semanas, el gobierno argentino puso en marcha una batería de medidas para contener el alza imparable de los precios, el mayor problema macroeconómico al que se enfrenta el país tras la ratificación del acuerdo de refinanciación de deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ese conjunto de iniciativas incluyó una retracción de los precios en los supermercados, un aumento de los subsidios alimentarios para las personas más vulnerables, la creación de un fideicomiso para estabilizar el precio del trigo y la apertura de la negociación de convenios salariales entre los sindicatos y las patronales.
Unas medidas que se suman a las ya acordadas en el programa con el FMI: reducción del déficit fiscal, restricción de la emisión monetaria y fortalecimiento de las reservas del Banco Central (BCRA), acciones que contribuirían a frenar la abultada inflación desde el "frente" macroeconómico.
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, explicó el pasado lunes que este preocupante aumento de los precios obedece a dos factores: uno externo, motivado por la invasión rusa a Ucrania, y otro interno, que está condicionado por las "expectativas" inflacionarias.
"Hoy la principal ocupación desde la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales, y en ese sentido es donde es muy importante dar certezas en lugar de generar incertidumbres", aseveró Guzmán en una entrevista al canal noticioso C5N.
Necesidad de consensos
Durante su intervención televisiva, el ministro de Economía insistió en la necesidad de generar consenso político en torno a la política económica, en momentos de fuertes disensiones en el seno del oficialismo, cuya división quedó de manifiesto tras la aprobación del acuerdo con el FMI.
"La inflación se ataca con política macroeconómica y aquí se necesitan dos cuestiones: por un lado, programa económico, eso hoy ya existe, y por otro lado, apoyo político, porque la economía no funciona en un vacío, sino en un contexto de relaciones de poder. Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa", afirmó.
En ese sentido, Guzmán señaló que su permanencia en el gabinete es "casi una obviedad" y pidió que todos los miembros del Gobierno respeten el "rumbo" de la actual política económica, sin acciones que "generen ruidos".
"Hace falta un apoyo político claro, en lugar de llevar adelante acciones que generan incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, quienes toman decisiones no saben muy bien cuál es el rumbo, y ahí es donde se agravan los problemas y eso le pega a la inflación", sostuvo el ministro.
Un horizonte preocupante
En cualquier caso, el horizonte próximo no es muy esperanzador: los analistas consultados por el BCRA elevaron su pronóstico de inflación minorista hasta 59.2 por ciento para este año, mientras que en 2023 llegaría a 47.5 por ciento, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Unas cifras que están muy lejos de lo acordado con el FMI, que fijó rangos de inflación del 38 a 48 por ciento para 2022 y del 34 a 42 por ciento para el año siguiente.
Esta presión sobre los precios terminó por elevar el descontento en las calles, con un número creciente de manifestaciones en Buenos Aires y en otras ciudades del país, en donde miles de personas reclaman una ampliación de los programas de ayudas sociales y puestos de trabajo.
"Yo la veo muy mal la cosa, la economía se le está yendo de las manos a este gobierno", opinó Mario Almada, un albañil de 60 años cuya mayor preocupación es que "la plata no alcanza para comprar la comida".
El economista Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la privada Universidad de Belgrano, atribuyó la disparada de la inflación al impacto de los aumentos que estaban previstos en energía y en educación, pero también al efecto que tuvo "el incremento en los precios de las commodities (materias primas), por la guerra en Ucrania".
"Como si esto fuera poco, se agregó el anuncio por parte del presidente Alberto Fernández acerca de una 'guerra contra la inflación'. Ello generó remarcaciones preventivas de precios, por temor a su congelamiento", añadió.
En busca de compensar los aumentos, el gobierno renovó esta semana un plan de acuerdo de precios para productos básicos, que existe desde 2013, y creó un fondo de estabilización del precio interno de la harina de trigo.
Ya en febrero, el gobierno había aumentado 50 por ciento la ayuda que reciben unos 2.4 millones de beneficiarios para la compra de alimentos, llevándola a unos 6 mil pesos argentinos (30.76 dólares blue / 609 pesos mexicanos) mensuales por persona.
Argentina experimenta una reactivación de la economía con 10.3 por ciento de crecimiento en 2021 luego de más de dos años de recesión, pero esa cifra se ve opacada por la alta inflación que erosiona el poder de compra, y por la pobreza que alcanza a 37 por ciento de la población.
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